La Procuraduría General de la Nación, abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, por presuntas irregularidades en el contrato SCJ-1904-2023, cuyo objeto es la instalación de cámaras de videovigilancia tipo LPR, por un valor cercano a $14.339 millones.

De acuerdo con el Ministerio Público, solo se han instalado 50, lo que representa apenas el 25 % del componente principal del proyecto.

Dice además el órgano de control disciplinario que, a la fecha, se reporta un avance físico del 68,5 %, con una ejecución presupuestal del 50 %, pero de las 200 cámaras contratadas. Las actuaciones que investiga la Procuraduría tienen que ver con planeación deficiente y fallas técnicas no previstas; tres prórrogas y tres suspensiones sin soporte presupuestal; controversias contractuales por más de $2.000 millones y sustitución de la interventoría, por supervisión interna de la misma secretaría, sin respaldo técnico.

Se ordenó la práctica de pruebas para determinar si los hechos constituyen faltas disciplinarias y establecer las responsabilidades del caso.