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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección, los estudios de seguridad que se le hicieron a cada uno de los concejales de Bogotá que cuentan con esquema de escoltas.
También pide información sobre el número de vehículos (camionetas, carros y motos) y personal de seguridad (escoltas con armamento y conductores) asignados a cada uno de los 45 concejales de Bogotá D.C.
Lo anterior, por la Acción Constitucional Popular con Medida Cautelar interpuesta por el abogado Camilo Araque, quien pide suspender los efectos del convenio, contrato o acto administrativo que permite la asignación de esquemas de seguridad a los concejales de Bogotá.
El abogado demandante considera que los esquemas de protección a los concejales que presta la Unidad Nacional de Protección fueron asignados sin que exista un análisis serio que determine que sus vidas corren peligro por cuenta de su labor como agente de control político en la ciudad de Bogotá.
El Convenio al que hace referencia la demanda es el número 240467 suscrito con la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría de Hacienda de Bogotá, y a través de su firma permitió la asignación de 36 esquemas de protección con vehículos tipo Camioneta y 17 hombres de protección, por un valor de 21.091.125.000 millones de pesos.
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