El pasado 16 de junio se dio un importante paso en la modificación de la ley orgánica que modifica el Decreto Ley 1421 de 1993, donde en la carta que envié al Congreso de la Republica, manifiesto en unos puntos y en un análisis realizado una serie de interrogantes que deben ser tener tenidos en cuenta en estos momentos, ya que más adelante podría generar unos riesgos enormes para la ciudad.

En primer lugar, me parece oportuna la actualización de la organización administrativa de Bogotá, en relación con las nuevas necesidades y realidades Distritales y más en lo que tiene que ver con las alcaldías locales que deben articularse de manera directa en las decisiones que tomen las demás secretarías, departamentos administrativos, las entidades descentralizadas.

Por otra parte, en relación con el artículo 5 y 6 del Proyecto de Ley Orgánica, hace referencia a la coincidencia obligatoria entre la división de localidades con el Plan de Ordenamiento Territorial, lo que debe entenderse de manera positiva, en el sentido que la obligación de la creación de las localidades se presenta en cabeza del Concejo a iniciativa del alcalde mayor, es decir, al igual que la aprobación del POT, por lo que no cambia la autoridad que determina esta división, pero se ata a que el mecanismo de aprobación sea este proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial.

Acá es donde se genera uno de los primeros interrogantes ya que aunque los documentos publicados por la Secretaría de Planeación del nuevo POT para la ciudad argumentan en cierta medida el porque se dividió en las denominadas UPL (Unidades de Planeamiento Local – Futuras localidades) este queda sujeto a la aprobación puntual del POT en cuanto llegue al Concejo y aunque hay una alta probabilidad de que este sea aprobado en la Corporación por primera vez en su historia, es de resaltar que se debería presentar aparte teniendo en cuenta que el POT ya de por si es un proyecto extenso y complejo para la ciudad.

También vale la pena buscar respuestas claras y concretas al fortalecimiento del control político de las JAL, aunque es una buena idea, se plantea la eliminación del control de pesas y medidas en cabeza del alcalde local. Esto pareciera ir en contravía de lo establecido en el Decreto 633 de 2017, así mismo yendo en otro rumbo a lo que se busca con el ampliar de 20 a 32 las localidades, ya que el fin en si mismo es de lograr tener un mayor control de las dinámicas que suceden en los territorios y que por la desproporcionalidad que se tiene en localidades como Kennedy, Suba, Bosa, Engativá por citar unos ejemplos son localidades con población de ciudades intermedias.

Bogotá tiene mucho en juego con esta propuesta de modificar el Decreto Ley 1421 de 1993 porque aunque es necesario modificar las localidades para lograr avanzar y garantizar la calidad de vida de los bogotanos, aún quedan muchas dudas en este proyecto, así como un aparente afán de incluir proyectos determinantes para el futuro como es este y el nuevo POT, cuando es necesario abordar desde el Concejo de la ciudad con calma y al detalle estas nuevas condiciones con las que la ciudad buscará avanzar y consolidar una visión y una realidad en el largo plazo.

Lucía Bastidas – Concejal de Bogotá