El Gobierno Petro a través del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, chantajea no solo a Bogotá, sino al país entero, al exigir de manera arbitraria que se hagan cambios al proyecto de infraestructura más importante que se viene adelantando en Colombia y la capital. Para satisfacer su capricho con cálculos políticas durante la época de las elecciones locales. Pasan por alto los avances de la primera línea del metro de Bogotá sin importar los billonarios sobrecostos que traería aceptar dicha exigencia.

El Gobierno Nacional busca a toda costa sabotear el megaproyecto del Metro y utilizar la posición de poder de manera dictatorial para que el Distrito acepte el capricho del Presidente Petro. Coaccionan a la Alcaldesa Claudia López al señalar que “si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida en que financia el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar” expresó el Ministro Reyes.

Hay tres elementos que el Mandatario y su gabinete están pasando por alto en su afán por cumplir un capricho. El primero, suponer que se puede hacer cambios a un contrato cuando ya está en ejecución. En segundo lugar, ignorar la descentralización administrativa de las entidades territoriales y considerar que estas deben estar a merced de los intereses del Gobierno Nacional, como si se tratara de un vasallo. Lo tercero, desconoce los principios de planeación contractual y de gestión de proyectos, lo que conlleva a que exista una falsa idea sobre el uso eficiente de los recursos.

La “advertencia” es en realidad una amenaza al transporte público multimodal que merecemos los bogotanos y la evidencia del talante antidemocrático y dictatorial del “Gobierno del Cambio”. Desconocen los avances de la obra: Construcción (18%), patio taller (68%) y el Traslado Anticipado de Redes (95%). Los únicos perjudicados con las demoras en las obras y el caos actual en la movilidad serán los 2,5 millones de bogotanos que se beneficiarán con el Metro que se está ejecutando.

Presenté ante el Tribunal Administrativo de Bogotá y Cundinamarca una Acción Popular, con el fin de salvaguardar los intereses de los bogotanos a quienes se les está vulnerando sus derechos colectivos con la propuesta del Gobernante de la Nación de retrasar la primera línea del metro.

Ojalá, la rama judicial se pronuncie lo más pronto posible sobre el bienestar de los capitalinos y su derecho a una movilidad digna que está en construcción. Hago un llamado a los ciudadanos para que me acompañen en esta Acción Popular con sus firmas, a fin de detener la improvisación y la amenaza del Gobierno de Gustavo Petro.

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Lucia Bastidas