El caso de El Salvador y su manejo a la situación de seguridad por parte del presidente Bukele, luego de que en marzo del año pasado se declarará el régimen de excepción, deja a la fecha aproximadamente 61 mil personas detenidas y una serie de violaciones a los derechos humanos.

Su política de capturas masivas, incluso por “sospecha de colaboración” con las pandillas, generó un hacinamiento en las cárceles de ese país, según la la ONG Fespad del 106 % lo que llevó a construir en tiempo récord una cárcel de máxima seguridad para llevar los reos que han sido capturados en esta oleada.

Por otro lado, Human Rights Watch -HRW- y Cristosal concluyeron, en un informe presentado en diciembre de 2022, que «se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción», entre ellas detenciones «arbitrarias masivas», torturas, muertes bajo custodia estatal y procesos penales «abusivos».

Aunque el centro penitenciario construido recientemente está hecho según el presidente Bukele para que las personas que ingresan no vuelvan a salir, lo cierto es que el modelo punitivo como tal ha demostrado en diferentes partes del mundo ser un fracaso y la violencia solo trae más violencia, las cárceles como centro de castigo sin un proceso de resocialización tienen como consecuencia tasas de reincidencia.

El INPEC, en Colombia en diciembre de 2022 presentó unos datos que demuestran que desde 2016 la tase de reincidencia es una constante en nuestro sistema y que cada año este hecho aumenta, al menos dos puntos porcentuales. En este sentido, los países, debemos avanzar hacia la materialización de oportunidades, y como la reforma a la justicia radicada en nuestro país un proceso que prepare al interno a la reincorporación.

Medellín, ha sido un caso de éxito en cuanto a mejores índices de seguridad mediante una estrategia de seguridad con alto impacto en la inversión social. Al finalizar el 2022 en comparación con 2019, los homicidios han disminuido un 39%. Actualmente, hay 24 mil personas beneficiarias de la política pública matrícula cero, se han entregado 65 mil computadores futuro a estudiantes entre séptimo y undécimo y se convirtió una cárcel en universidad para la cuarta revolución industrial.

La ciudad venía de una estrategia muy mediática en términos de justicia punitiva que no resultó y que por el contrario dejó un muy mal índice, por el contrario se logró demostrar que con oportunidades se puede contribuir en el fortalecimiento de la seguridad, es por ello que desde mi lugar en la Cámara de Representantes apoyaré la reforma a la justicia para que nuestro sistema sea mucho más humano, porque también he visto desde mi trabajo como muchos jóvenes llegan a la delincuencia porque no hubo otro camino y mi convicción, al igual que la del gobierno, es privilegiar la vida.

Alejandro Toro

Representante a la cámara