El caso del grupo AVAL y Corficolombiana está debidamente explicado por periodistas de la talla de Ana Bejarano Ricaurte (Cambio, 2023) y María Jimena Duzán (Cambio, 2023), cuyos artículos es importante leer para entender, no solo el caso en sí mismo, sino cómo opera la tergiversación de la información para hacer pasar un acuerdo de enjuiciamiento diferido que tiene un pago (enorme, 80 millones de dólares) para no hacer los cargos ahora, y esperar a que se cumplan algunas condiciones en tres años para archivar el caso o formular los cargos entonces y continuar con el juicio. Nada que ver con el cierre del caso con el pago de una multa como lo han querido hacer pasar El Tiempo y la revista Semana.

En estos dos medios es habitual que la información se tuerza y tergiverse para que la realidad se convierta en conveniente para sus accionistas, no importa lo grave que sea. Peor en este caso, que se trata nada menos que del más rico de Colombia, dueño también del periódico El Tiempo. Para el público se convierte en desinformación. No solo la enorme corrupción que está involucrada en el caso sino esta otra forma de corrupción que considera que los seres humanos son tontos, y que se les puede inocular información falsa. Bueno, sí pasa; si no, no lo harían: saben que funciona. ¿Dónde, se pregunta uno, está el sentido profesional y ético de los “periodistas” que trabajan en estos medios? La respuesta es obvia; no hay necesidad de desplegar más desprecio por el valor de sus conciencias que resulta tan escaso.

Por fortuna, aún tenemos algunos periodistas que son nuestra última frontera de esperanza. Cualquiera que lea las explicaciones del caso, de inmediato llega a la pregunta ¿y qué pasó con la justicia en Colombia? ¿no hizo nada? ¿hubo que esperar que en Estados Unidos se persiguiera al enorme grupo económico y tan importante entre nosotros, por usar el sistema bancario de ese país para pagar sobornos, para que confirmáramos lo que ya se sabía a voces aquí? Desafortunadamente, como me recordaba ayer un taxista opinador, la justicia en nuestro país sí es para los de ruana; lamentablemente es así, y este caso, como ninguno otro, lo confirma plenamente. En Colombia, entre más rico y poderoso se es, menos probabilidad hay que lo toque la justicia ante un delito. Hay artículos de opinión sobre el caso, en todos los medios, que recuerdan que el Fiscal Martínez era juez y parte para el grupo Aval (su cliente); empezando por ahí…

Pero quedan también otros interrogantes, de esos que mal llamamos en estas tierras “de malicia indígena”, como por ejemplo: teniendo semejante poder, que puede poner presidentes y congresistas, que hace algunos pocos años se jactaba de tener el “pasatiempo” de escribir las leyes, que da el visto bueno para las grandes políticas que se le ocurren a los gobernantes de turno… ¿cómo es que tiene que pagar sobornos (coimas, mordidas) para obtener contratos del Estado? Esta pregunta podría tener dos lecturas en la mente siempre suspicaz de los colombianos de a pie, a cual más de desesperanzadoras y graves. La primera, expresada con otra pregunta ¿es que así ha hecho su fortuna? ¿a punta de sobornos, torcidos y corrupción? Y la segunda, también con otra pregunta: si el más rico, el que manda, tiene que pagar para trabajar, ¿Cómo será la podredumbre generalizada que hay en el Estado colombiano?

Esta es una radiografía de nuestro alto nivel.

¿Podrá alguien señalar el camino que nos saque de esta inmundicia? Sin derrotar a la corrupción, de alto, medio, bajo nivel, la de los enormes negociados hasta la cotidiana, la de la trampa al vecino, no vamos a dejar atrás el subdesarrollo, la pobreza, la desigualdad, la falta de justicia y la impunidad resultante, y así no tendremos chance de mejorar el bienestar para todos los que vivimos en esta tierra.

Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz