Por: Pedro Baracutao

Como firmante de paz y parte del poder legislativo convoco a la Audiencia Pública “Desafíos de la paz total en Urabá” el próximo 13 de julio en el Estadio de Chigorodó, para contribuir a la búsqueda de soluciones a la violencia estructural que padece la región desde hace décadas, y que puede encontrar  en la implementación integral del Acuerdo de Paz un camino para superar las causas de la guerra como son la pobreza multidimensional, el hambre, el despojo de tierras y la falta de oportunidades.

Urabá es una subregión de Antioquia que clama por la paz desde que el conflicto armado la convirtió en una de las zonas más afectadas en términos de desplazamiento forzado, desaparición forzada, masacres y confrontación entre grupos armados.

La paz territorial es la base de la paz total. Deben tenerse en cuenta los mecanismos para los derechos de no repetición y verdad de las víctimas. Según cifras de Forjando Futuros, desde la firma del Acuerdo de Paz 21 líderes sociales han sido asesinados en Urabá:  una mujer trans,  4 indígenas y 13 integrantes de Consejos Comunitarios u Organizaciones de base de Comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras.

En 20 casos, las personas defendían sus territorios de la degradación ambiental, gestionaban proyectos productivos sostenibles, defendían la sustitución de cultivos ilícitos y/o defendían su derecho a la restitución de tierras o derechos territoriales. La defensa ambiental de sus territorios los expone al ataque de los grupos armados que hacen presencia en la región, los cuales se financian principalmente del narcotráfico, la minería ilegal y la extracción maderera indiscriminada.

Según la UAI de la JEP, el Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano son zonas en las que se ha reactivado el conflicto armado desde la firma del Acuerdo de Paz. La violencia persiste en gran medida por la impunidad frente a los responsables de atentar contra las y los defensores de derechos humanos, liderazgos ambientales y reclamantes de tierras.

A partir de la ratificación reciente del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso, es importante que se fortalezcan las medidas de protección de las líderesas y los líderes ambientales que se han encargado de la defensa de sus territorios y han procurado por años salvaguardar los ecosistemas estratégicos de los que dependen sus comunidades étnicas y campesinas. Se han registrado afectaciones contra la naturaleza en 6 municipios de esta región desde 2016, asociadas a minería ilegal que contamina las fuentes hídricas, erosiona la tierra o afecta gravemente la fauna y la flora.

Invitamos a la comunidad a participar de esta Audiencia de manera masiva para lograr ser escuchados y hacer de la llamada “mejor esquina de América”, por fin, un remanso de paz, con la justicia social como principio de esa paz tan anhelada por el pueblo, por las comunidades étnicas, indígenas y campesinas.