El presidente de la república Gustavo Petro le advirtió a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, a través de una carta que no firmará ni una sola destitución relacionada con funcionarios públicos elegidos por voto popular.

El primer mandatario hace referencia al fallo disciplinario que pide la suspensión por un término de tres meses al alcalde de Riohacha, José Emilio Bermúdez, por presuntas irregulares contractuales en la planeación del acueducto de la ciudad.

«la orden de la autoridad administrativa disciplinaria dispuesta en los Autos referenciados y soportada bajo la figura de medida cautelar, contiene una manifiesta restricción al ejercicio pleno y eficaz de uno de los derechos políticos de las personas electas popularmente según lo dispuesto en el artículo 23 No 1 de la Convención ADH, nada menos, el de quedar impedido por la orden administrativa para ejercer temporalmente su cargo”, indicó Gustavo Petro.

De inmediato la procuradora Cabello respondió insinuando que la actitud del mandatario es un mal ejemplo de incumplimiento y que generaría un colapso institucional, porque los funcionarios sancionados podrían aspirar a cargos públicos en las próximas elecciones.

“El problema es que en un estado de derecho lo que dice una decisión de constitucionalidad, de la Corte Constitucional debe ser acatada por el país entero, incluyendo al presidente de la República, se tiene que acatar le guste o no le guste”, argumentó.

La procuradora le recordó que el presidente tiene la obligación de nombrar a un remplazo para el alcalde de la capital de La Guajira, cuando los organismos de control imponen medidas contra los funcionarios de elección popular.