La arrogancia del fiscal Francisco Barbosa raya con la ridiculez, y ofende a la inteligencia y a las instituciones, porque ningún funcionario de los otros poderes del estado está por encima del presidente de la república.  

La independencia de poderes no significa que cada uno haga lo que le dé la gana, y pueda negarse a solicitudes del presidente de la república cuando asuntos de estado de extrema gravedad, como el genocidio de 200 personas perpetrado en los tres últimos años del gobierno de Álvaro Uribe, y sobre lo cual la Fiscalía nada ha dicho.  

El presidente preguntó, el presidente solicitó, y nunca ordenó acciones en torno al genocidio de 200 personas. La solicitud del presidente debe cumplirse porque está dentro del marco constitucional de sus potestades, como lo ha explicado en sus comunicados los cuales evidencian solvencia jurídica, o pronunciamientos tan contundentes como el del ex fiscal general Eduardo Montealegre.      

El fiscal general enloqueció desde cuando fue nombrado por la Corte Suprema: dice que no hay colombiano más inteligente y preparado de su generación; luego, que él ocupa el segundo cargo más importante de la nación, es decir, por encima de la vicepresidenta de la república y de los presidentes de los otros dos poderes, por eso se comporta como un igualado con el Presidente Petro; después, que él no le rinde cuentas al presidente y que éste no es su jefe porque él no tiene jefe en Colombia y en el universo, por eso cree tener el mandato para agredir al primer mandatario cuantas veces le da la gana con el fin de ocultar su absoluta ineficiencia en monumentales investigaciones por corrupción, crimen, fraude procesal y genocidio. 

Tan graves son los desafueros del Fiscal y de la cúpula de la Fiscalía, como la defensa que hizo la Corte Suprema de Justicia, que llamó la atención al Presidente de la República, pero ni una palabra para reconvenir al desenfrenado Fiscal, desconociendo la Constitución y empujando a Colombia a un inmenso desarreglo en el poder judicial.   

El actuar de la Corte es tan grave, que el presidente y su equipo jurídico han tenido que explicar el orden constitucional en el cual se enmarcan sus preguntas al Fiscal.  

Se sabe desde hace años, y lo han dicho distintos analistas e investigaciones – otro triste legado de la Constitución de 1991- es la manera cómo se nombra la máxima autoridad en los organismos de control: Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y más. Unos eligen a otros y otros a unos, y en esa transacción van decenas de cargos comprometidos cuando los eligen. Al Fiscal lo nombra la Corte Suprema, y el sesgo de esta Corte a favor del Fiscal y en contra del Presidente Petro, abre el grifo de las suspicacias. 

En una reforma política, largamente aplazada, las altas Cortes deben salirse del circuito perverso de nombrar ciertos altos cargos, que ha derivado en el cambio de puestos para familiares y amigos. 

La crisis institucional, incluidos quienes defienden las instituciones, nace en el seno de los tres poderes con el cruce de favores burocráticos. Una reforma política tantas veces aplazada es tan urgente como las reformas sociales, de lo contrario hay que apurar el diseño de un nuevo pacto social porque está dañado el manejo del Estado desde sus tres poderes y de otros intereses con enorme poder, como se evidencia en la oposición a las reformas sociales, configurando un perverso caos de beneficios cruzados entre poderes públicos y privados, derivando en un protuberante desarreglo institucional.  

Preguntas al Fiscal y a la Corte Suprema en torno al genocidio de 200 personas          

El asesinato masivo ocurrió en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre los años 2008 y 2010.  ¿Quién o quiénes fueron los determinadores? ¿cuándo se preparó y quiénes estuvieron al frente del atroz crimen masivo? ¿por qué se cometió? 

¿Cuándo inició la Fiscalía la investigación y quiénes pusieron el caso en los escritorios del organismo? 

¿Qué hizo el Fiscal Martínez Neira? 

¿Por qué recién en 2020 el genocidio llega a manos del Fiscal Hernández? ¿por qué transcurridos tres años no hay resultados? 

¿Por qué el Fiscal General en sus ataques al proceso de paz, nunca dijo nada de este genocidio perpetrado por el Clan del Golfo? 

Este genocidio de 200 personas, es tan aberrante como los perpetrados en el Bajo Cauca cuando Uribe fue gobernador de Antioquia.  

Lo único cierto es que el nombre de Uribe siempre aparece en uno, otro, otro y otro caso de crímenes colectivos de lesa humanidad. 

Qué tal la Corte Suprema ascendiendo al Fiscal al rango de magistrado mientras se sumía en silencio ante la falta de investigación de las 200 personas asesinadas.  

La respuesta del presidente al comunicado de la Corte, es impecable. No arma pleito con esta, pero sí explica su actuar y argumenta sus preguntas al Fiscal. El sustento jurídico de los comunicados del presidente, es contundente. No está solo.   

Justicia Internacional 

En el fondo de esta gritería del Fiscal, amparada por la Corte Suprema, lo que se busca es minimizar los 200 muertos, cuyo crimen estaba anunciado y la fiscalía lo conocía, la fiscalía lo permitió, la fiscalía calló, y la Corte tampoco dijo nada de su par, ungido por su presidente al estatus de magistrado. Es decir, Colombia tiene un Fiscal Magistrado General de la Nación. Lo que faltaba. 

Si el caso continúa centrado en la arrogancia del Fiscal, del desconocimiento de la solicitud del presidente, y el amparo de la Corte Suprema al Fiscal superior, la Justicia Internacional debe actuar, porque este genocidio hace parte de la cadena de genocidios ordenados a finales de los años 1990 y en la primera década del presente siglo.    

Si el sistema de justicia de Colombia se va contra el presidente y minimiza la crueldad de 200 asesinatos, el caso debe ir ya a la justicia internacional porque tienen elementos adicionales e incuestionables para actuar en Colombia y llamar a juicio a los determinadores de cientos de miles de asesinados y desaparecidos, y millones de víctimas. 

Medios y analistas están centrados en lo que dice el fiscal y en las respuestas del presidente, no en los 200 crímenes y en la urgencia y prioridad de las reformas sociales.