El ELN campea tranquilo por las ciudades colombianas y al gobierno nacional no le importa. En el Concejo de Bogotá, denuncié cómo en el barrio La Amapola de la localidad de San Cristóbal, vecinos preocupados me advirtieron horrorizados cómo habían empezado a circular tranquilamente por las calles y parques de esa comunidad, banderas y panfletos del ELN.

La misma semana, en un barrio de la comuna 2 de la ciudad de Medellín, conocido como La Paralela, se encontró una caja de icopor repleta de explosivos. El hecho fue tibiamente denunciado por el oficialista Alcalde Quintero, quien se limitó a pedir investigaciones, sin mayor aspaviento.

Cerca de allí, y solo un par de días atrás, en el barrio obrero del municipio de Itagüí, departamento de Antioquia, la policía encontró dos paquetes con panfletos y explosivos. Y hace tan solo horas antes de la publicación de esta columna, la comunidad de Bagadó, Chocó, un municipio de 14 mil habitantes a tan solo 80 kilómetros de la capital del departamento, denunciaba reclutamiento masivo de menores por parte de este grupo delincuencial. Y, tristemente, no han sido hasta ahora solo hechos sin víctimas, porque recordemos que el 29 de marzo de este año el ELN masacró 9 héroes de la Patria en la base militar de El Carmen en Norte de Santander.

Como esos, y según datos de la Defensoría del Pueblo, ya hay reportes de hechos delincuenciales perpetrados por esa guerrilla en al menos 212 municipios de 22 departamentos del país, incluyendo Bogotá.

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Para que se haga una idea, esto equivale a decir que en 7 de cada 10 departamentos colombianos hay presencia del ELN. Gravísimo. Ese tema cogió ventaja, y no nos dimos ni por enterados.

Y es que ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? ¡Ninguna!. Informes desarticulados y confusos avisan, básicamente, que todo es un invento, y que la comunidad en todo el país miente. Que el ELN a duras penas opera en algunos municipios del Catatumbo, en Norte de Santander, y que, por ahora, no es una verdadera amenaza.Pero, por supuesto, la realidad es otra y hay que actuar.

La guerra que antes se veía en los campos se está trasladando a las ciudades. En todo el país, nuestros héroes de la Policía Nacional advierten que debemos estar en máxima alerta. Pero, entre tanto, supuestos informes de inteligencia, comunicados por el Gobierno, nos dicen que aquí realmente no hay bandas criminales organizadas activamente, y que se trata de algunos hechos aislados.

Entonces, o alguien nos miente, u otro alguien está haciendo mal su trabajo. El gobierno, del que no podíamos esperar demasiado en este delicado tema, firmó un papel. No un decreto, porque no se decretó nada: Petro firmó un papel inane, ridículo, inservible, el 31 de diciembre del 2022.

Decía el patético documento, llamado en forma grandilocuente “Decreto 2657 de 2022”, que, a partir de las cero horas del primero de enero de 2023, y hasta las 24 horas del 30 de junio del 2023, se decretaba un “cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional, entre el Gobierno Nacional” (quién sí frenó operaciones en observancia de la Ley; algo que siempre ha caracterizado a nuestro Glorioso Ejército Nacional) “y el ELN” (a quien, por supuesto, no le importó ni cinco).

Recordemos que hicieron falta apenas 4 días para que el gobierno “suspendiera” el cese. Todo un fracaso y un ridículo presidencial. Pero lo grave es que, desde entonces, esa guerrilla, más viva que nunca, ha arrodillado al gobierno. Desde esta trinchera hago un llamado a estar alerta. A esos bandidos va a ser muy difícil creerles en su disposición de hacer la paz total. Dios nos ampare.

Javier Ospina