Los contratistas Camilo Andrés López Giraldo y Fausto Alonso Bedoya Grajales,  recibieron cargos de imputación por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Los cargos no fueron aceptados. 

López y Bedoya son señaladas de tener vínculos con el entramado criminal que conformó el exsenador Mario Alberto Castaño Pérez para direccionar la contratación en varias entidades del orden nacional y territorial.  

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los elementos de prueba dan cuenta de que habrían contactado a un integrante de la red de corrupción para conocer anticipadamente los pliegos de condiciones, y demás requerimientos de carácter presupuestal y legal contenidos en seis procesos contractuales, entre abril de 2021 y marzo de 2022.   

Esta habría sido la  manera como habrían logrado hacerse a  los contratos de obra y de interventoría para el mejoramiento de vías urbanas en Pueblo Rico (Risaralda); otro para la adecuación de carreteras veredales y realizar la construcción de un parque en La Merced (Caldas); uno más para construir una cancha sintética de fútbol cinco en Balboa (Risaralda); y el contrato de manteamiento del polideportivo de Aguadas (Caldas). 

Los contratos ascendieron a 3.074 millones de pesos. En tres de los negocios, Bedoya Grajales participó haciendo parte de los consorcios ganadores.  

Por estos contratos se habrián entregado un porcentaje del 10% al exsenador Castaño y el 25% del costo de cada consultoría en algunos de los contratos.