A partir de hoy comienza a regir la Ley de Garantías que suspende la contratación durante los próximos cuatro meses cuando estará vigente el proselitismo para las elecciones regionales de 2023.

La medida evitará que los funcionarios regionales no podrán celebrar convenios interadministrativos destinados a la ejecución de recursos públicos.

Tampoco podrán participar, promover o destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, o de las entidades en donde participen como miembros de sus juntas directivas, a reuniones de carácter proselitista.

También tendrán prohibido inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos y juntas administradoras locales.

Por último, tampoco se podrá hacer uso de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas