El pasado 18 de julio de 2023, la Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Hábitat publicó su propuesta de protección a moradores y actividades productivas. De acuerdo con el proyecto de decreto, esta propuesta busca “el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores y de las actividades productivas”. Pero ¿cuál es su alcance?, ¿realmente protege a quienes residen en los territorios?, ¿garantiza el derecho a la vivienda, el pago de un precio justo, el poder de negociación de los propietarios?

Analizamos la propuesta y esto fue lo que encontramos: Primero, no protege a los moradores (propietarios, poseedores, arrendatarios), sino que protege los intereses de los inversionistas privados. ¡Todos ponen, ellos ganan! El proyecto de decreto favorece a constructores e inversionistas por encima de los derechos de los moradores de tres formas:

• A los moradores que quieran vender su casa no se les garantiza un precio justo. No se les reconoce el valor residual derivado de todas las ganancias que obtendrían los constructores.
• A los moradores que decidan participar del proyecto les pueden entregar un predio de menor tamaño, lo cual desmejora sus condiciones residenciales iniciales. La alcaldesa dijo que se iba a pagar metro a metro a los moradores: ¡falso! Esta será una opción que tiene el desarrollador y no un derecho de los propietarios.
• A los moradores y dueños de actividades económicas que vendan o que participen en el proyecto no se les dará reconocimientos económicos suficientes para cubrir gastos y pérdida de ingresos.

Segundo, la vida digna de la ciudadanía no es la prioridad. ¿Renovación urbana con qué fin?, ¿fines públicos? No se garantiza la viabilidad social de los proyectos. Esta propuesta facilita el desarrollo de con pocas restricciones y sin garantizar que tengan un impacto social positivo. Debemos tener unos criterios claros y rigurosos que permitan evaluar si el proyecto mejora o no las condiciones de vida de los habitantes.

Tercero, debilita el poder de negociación de los propietarios, pues los privados pueden adquirir individualmente cada uno de los predios, sin necesidad de negociar colectivamente con todos los propietarios afectados. Debe ser una obligación vincular colectivamente a todos los afectados.

Cuarto, las entidades del Distrito no cuidan los intereses de los moradores en los procesos de renovación urbana. Establece un papel pasivo para las entidades públicas que participan en estos proyectos. Le exigimos a la Administración que defina claramente las responsabilidades y obligaciones de los Operadores Urbanos Públicos y que garantice que tengan un papel activo para equilibrar la relación entre moradores y desarrolladores. La ecuación debe ser justa y balanceada, en este momento no lo es.

Quinto, facilita el uso desproporcionado de la expropiación a favor de privados pues no se garantiza que el proyecto por el cual se expropia sea viable socialmente y no garantiza como condición para expropiar el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores. Le exigimos a la Administración que no se haga un uso abusivo de la expropiación, que se solo proceda como última alternativa y siempre que se garantice una mejor calidad de vida de los moradores.

Con el apoyo de diversas comunidades, con las cuales nos hemos reunido en los territorios de la ciudad, hicimos una serie de comentarios, sugerencias y cambios a esta propuesta, que esperamos sean tenidos en cuenta en la versión final de este decreto. Nuestra propuesta se concentra fundamentalmente en tres asuntos:

1. Que se pague un precio justo a los propietarios por sus predios o que les entreguen un predio de igual tamaño;
2. Que se acuda a la renovación urbana solo cuando se trate de proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes;

• Que las negociaciones para la compra de los predios se hagan de manera colectiva atendiendo a los intereses de moradores y el bien común.

Por último, le exigimos a la Administración que garantice que la ciudadanía pueda decidir, en igualdad de condiciones y colectivamente, la renovación urbana que quiere, para mejorar sus condiciones de vida y no para hacer negocios. Lo mínimo que se espera es que las entidades de distrito se pongan del lado de los ciudadanos y protejan irrestrictamente los intereses de los moradores por encima de los inversionistas. Está bien el negocio, pero no a costa de la gente.

Diego Cancino