Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025


Soy incrédula respecto a las fórmulas de política publica que funcionan en todas partes. A riesgo de parecer tibia, mi postura frente a la prestación de servicios públicos por parte del Estado se basa en un gran depende. Lo que sí creo es que en Colombia el debate sobre hasta dónde llega el Estado y el paradigma de que lo privado siempre funciona mejor está basado en una mentira: los políticos regionales son más corruptos que los nacionales, ergo, el estado central es menos corrupto que las regiones.

No es difícil rastrear de dónde viene esta idea. Desde la parapolítica, hasta Odebrecht siempre resulta un congresista involucrado, y casi siempre su votación está fuera de Bogotá. Sin embargo, nos hemos limitado a explicar esta situación por la pertenencia de dicho político a grupos regionales, clanes, élites, etc. Cuando esto sucede, la responsabilidad del centro económico y político del país, sobre quién radica la decisión final del traslado de recursos, queda casi eximida. Es una posición muy cómoda para un país tan centralista como presidencialista.

No nos estamos preguntando por qué, incluso con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, estos poderes regionales tan establecidos luchan entre sí por mantenerse cercanos al gobierno nacional. La clave está en la intermediación. Hagamos un cálculo sencillo, tomando como ejemplo a Aguachica, Cesar, que es un municipio de categoría 6, con más de 100 mil habitantes.

Digamos que el alcalde logró ganar con un crédito bancario que cubrió con reposición de votos y llega “limpio” de deudas a la alcaldía (el mejor de los casos, pero no el más frecuente).  Cuando se posesiona, encuentra que, del total de su presupuesto, que depende de las transferencias de la nación, el 81% va al gasto corriente, es decir, a pagar la nómina y lo básico de mantener salud, educación y servicios. El resto de las promesas de campaña las debe cubrir con el 20% restante, lo que le implica hacer gestión, junto con los otros 900 municipios de categoría 6. Para eso, recurre a su Senador o Representante a la Cámara.

Cualquier parlamentario sabe que la gestión de recursos depende de su relación con la presidencia de turno (mermelada, que llaman). Mayor relación, mayores recursos, menor relación, nada de recursos. Pero también tiene deudas de campaña y debe hacer gestión por varios alcaldes, gobernadores y conseguir los recursos para financiar a los líderes regionales, representantes a la cámara, etc. Los congresistas pagan sus favores de campaña con burocracia y en esa transacción se definen desde Bogotá los proyectos de inversión. Nada importan las necesidades reales de nuestro municipio de ejemplo.  Sin burocracia, lo pierden todo. Solo basta con mirar la triste y posible salida de Mauricio Lizcano del DAPRE, convertido en un político irrelevante y cabizbajo. Pero volvamos al ejemplo.

El éxito de Aguachica depende de que el grupo político del alcalde tenga éxito en la gestión con el gobierno nacional. Todo ese proceso de intermediación informal y costoso hace que esos 10 kilómetros de placa huella sean hechos en el mejor de los casos con unos sobrecostos espantosos. En el peor de los casos, con contratos corruptos. En más de un caso, la placa huella nunca se hizo.

Eso mismo pasó con la implementación del acuerdo de paz del 2016. Este mecanismo es el responsable de que 20 años después de los escándalos de la parapolítica los mismos clanes y grupos sigan gobernando los departamentos. Y aún así, pretendemos que un acuerdo cuyo diseño institucional depende casi en un 100% del Estado Central sea implementado limpiamente y sin traumatismos, con paradojas tales como “enfoque territorial” omitiendo por completo las instituciones locales y creando capacidad local a punta de costosas consultorías, y negando que la corrupción está en la intermediación y no se soluciona con campañas y consultorías.

Los nuevos diseños para la paz tienen una oportunidad de hablar del elefante en el armario, que es el ordenamiento territorial. De eso depende el éxito de las reformas sociales y también de la paz. Si no, seguimos girando en círculos, como tontos.

Laura Bonilla

Laura Bonilla

Gerente para América Latina, Fundación Paz y Reconciliación

PORTADA

El presidente Gustavo Petro Urrego sancionó la ley Artes Al Aula, que establece que las artes deben incorporarse de forma transversal en los procesos pedagógicos de las instituciones educativas, con el fin de fortalecer las competencias ciudadanas, el…
Quienes están promoviendo la convocatoria a la consulta en marzo de 2026 en el llamado Frente Amplio, no están muy contentos con la idea del excongresista Roy Barreras de invitar al excandidato presidencial y opositor del gobierno de Gustavo Petro, Miguel…
La Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que buscaba la aprobación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. El Proyecto ahora pasa a…
El Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico, como resultado de la fusión entre los partidos Comunista, Unión Patriótica y Polo Democrático. De esta manera el Pacto Histórico se convirtió oficialmente en un partido…
El Gobierno nacional radicó hoy en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “por medio del cual se penaliza de manera autónoma el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos”. “Este es un proyecto de ley…