La administración distrital en cabeza de la alcaldesa Claudia López ha anunciado en diversas ocasiones su intención de construir lo que ella considera un “corredor verde” por la carrera séptima. El corredor es en realidad un Transmilenio por la séptima. Transmilenio que en campaña dijo la alcaldesa que no iba a construir, fue una promesa que la ayudó a llegar a ser burgomaestre.

Atrás quedaron los días en los que la entonces precandidata le decía a la prensa y a la ciudad que “para pensar en esto hay que tener lógica, no es que uno por caprichoso o por negociante (…) se tira la plata en una vía en la que hay 15 mil pasajeros hora sentido y deja esperando cincuenta años más a dos millones y medio de colombianos”.

Lo cierto es que hoy la alcaldesa pretende, desoyendo a numerosos expertos, expertas, vecinos y ciudadanía, hacer exactamente aquello a lo que se oponía cuando, megáfono en mano, le exigía a Peñalosa respetar la séptima. Se van a gastar 2.9 billones de pesos que el Concejo autorizó para tal fin, en una decisión lamentable a la que me opuse.

En medio de su terco proceder, la mandataria elimina en su proyecto de “corredor verde” el tráfico mixto desde la calle 93 hasta la calle 32 en el sentido norte – sur. Decisión que a juicio del arquitecto y urbanista Mario Noriega obedece a un único motivo: para que Transmilenio quepa.

Por lo anterior y tal como hizo Claudia López en el 2019, los vecinos y vecinas de la séptima decidieron organizarse y rechazar el proyecto que bloquea 230 barrios y que carece de respaldo ciudadano. Es por eso que se dieron cita el pasado martes 21 de febrero en el Museo Chicó para expresar su descontento con el proyecto y pedir que, en lugar de imponer un capricho, se construya colectivamente una alternativa de transporte para este corredor vial.

Ante la petición de diálogo, la alcaldesa respondió de manera autoritaria y negando la democracia deliberativa. La policía y las bombas aturdidoras fueron la comitiva de diálogo de la mandataria, que ahora reprime a la gente y sus reclamos no violentos y legítimos.

Es hora de que en Bogotá, se respete el derecho a la protesta pacífica y al disenso; basta de violentar a quienes piden espacios para discutir y lograr acuerdos de ciudad. Basta de que sea la amenaza, el miedo y la represión, la constante que retrata el pánico que en la alcaldía sienten hacia la crítica o la contradicción.

El periodo de gobierno termina y lamentablemente se destiñe cada vez más una administración que ha sido incoherente y déspota