Verdaderas horas de infierno debe estar viviendo la secretaria privada del Palacio de Nariño, Laura Sarabia, por cuenta de las declaraciones entregadas por su exempleada a la Revista Semana en donde cuenta lo ocurrido, luego de que su exjefa descubrió un supuesto robo de un dinero de su propiedad.

Puede ser que el robo haya ocurrido, eso no lo dudo, la pregunta es, ¿era necesario someter a la parte más débil de la cadena a una prueba de polígrafo?, de manera irregular además porque la exniñera no trabajaba para la Presidencia de la República. Estaba contratada de manera privada por Laura Sarabia por tanto, sí alguna sospecha tenía sobre la señora, el caso debió dejarse en manos de la Fiscalía General de la Nación, sin meter las manos en el asunto aprovechando el poder que otorga un cargo como el de la secretaria privada de la Presidencia de la República.

Aunque Sarabia lo niegue, es claro que aquí hubo un abuso de poder porque primero, no se puede ingresar a una persona por el sótano de Palacio de Nariño con el claro fin de someterla a una prueba de polígrafo para un asunto que nada tiene que ver con la Presidencia de la República, y si así lo fuese, debía hacerse con orden expresa de la Fiscalía General de la Nación en el marco del proceso judicial y no por recomendación de alguien o lo que es peor, porque a una persona cercana a la funcionaria se le ocurrió.

La verdad es que luego de conocerse este delicado asunto en el que una persona de origen humilde fue sometida durante cuatro horas a una tortura psicológica, a uno le queda la duda de sí es la primer vez que en el Palacio de Nariño se procede de esta manera y, sí el presidente de la república estaba enterado de lo que ocurría a su alrededor o si por el contrario, «todo fue a sus espaldas».

Laura Sarabia podrá dar cualquier explicación para tratar de justificar este procedimiento, pero lo cierto es que es injustificable utilizar las instalaciones del palacio presidencial para ejecutar una prueba de polígrafo para un tema que no es de carácter público sino privado, en un gobierno que se precia de ser defensor de los derechos humanos y vocero de la clase humilde, dejando además la duda de si las locaciones del Palacio de Nariño son una especie de centro de interrogatorio al mejor estilo fascista.

El asunto no es de poca monta, y Sarabia deberá responder no solo a la opinión pública sino además a los órganos de control en el caso de que encuentren mérito para abrir investigación sobre el caso.