Hay dos cosas que son verdad: La paz total tiene grandes problemas de diseño, desde la concepción de la política de la cual nunca se conoció un documento, hasta la generación de expectativas a los grupos armados por encima de la capacidad del propio Estado para negociar agendas disímiles. Pero también es verdad que la reciente campaña que trata de vender la situación de violencia de país como la peor crisis de la década, no sólo es falsa, sino malintencionada. Claramente ningún gobierno funciona bien si todo el mundo piensa que no tiene nada bajo control.

En nuestro más reciente informe, Mitos y Realidades de la Paz Total, la Fundación PARES muestra una versión más aterrizada de la situación. Un ejemplo sencillo de que no fueron los ceses los responsables del incremento de la violencia es que la tendencia al alza viene desde el 2018. Me explico: si hubo algo que afectó seria, sustancial y dramáticamente la posibilidad de la paz en Colombia fue el incumplimiento del acuerdo del Colón con las FARC, lo que es perfectamente comprobable en la tendencia al alza de las masacres, el desplazamiento forzado, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes y las restricciones a la acción humanitaria. El problema es que la tendencia es difícil de revertir.

El año 2023 inicia con 37 asesinatos de líderes y lideresas sociales entre enero y marzo[1] y 26 masacres en el mismo período. El gran problema con esto es que llevamos más de cinco años cobrando la vida de personas que son la base de la democracia en local y regional. Si esto se mantiene así, tendremos comunidades reticentes – y con razón – a participar en cualquier escenario democrático. Por eso resulta tan absurdo que se quiera llamar a la participación ciudadana sin hacer un mínimo esfuerzo de disminuir los repertorios de violencia. No va a ser posible que la comunidad participe en ningún proceso de paz si Arauca continúa con un incremento de 568% del desplazamiento forzado.

Justamente el caso de Arauca muestra que la guerra por el control territorial es hoy una guerra que está perdiendo aceleradamente los límites y que ni siquiera la misión humanitaria – fundamental para cualquier proceso de paz – está pudiendo dar asistencia mínima a las poblaciones afectadas Muchas personas han intentado hacer llegar mensajes a la mesa de negociación para que cese la violencia contra civiles, pero ninguno de estos grupos está dispuesto a ceder. Por el contrario, en sus últimos comunicados se hace más que evidente que para el ELN es casi irrelevante quién se siente en la mesa de negociación. El Estado sigue siendo su enemigo.

El gobierno necesita entender que los grupos armados hoy son un productor de violencia organizada, seguridad y coerción que basan su subsistencia en el control territorial. Eso explica la reacción de las AGC (o Clan del Golfo) en el paro minero del Bajo Cauca antioqueño contra las acciones de incautación y destrucción de maquinaria amarilla realizadas por el ejército, y también explica la terquedad del ELN a no perder la posición estratégica de Arauca y el Chocó. No se lo pueden permitir.

Aquí es donde el gobierno debe darle un viraje a toda la política de paz, aunque eso implique sacrificar la idea inicial y reconocer que tal vez la grandilocuencia de los discursos no correspondía a la realidad. Además, en caso de que logre aprobar varias de las reformas sociales, la implementación no será posible en medio de la violencia. Y lo peor es que si el presidente Petro se da el lujo de perder la batalla contra la violencia, el país estará a portas de elegir un populismo autoritario en las próximas presidenciales.

Lo mejor que puede hacer el presidente, aunque no sea su opción favorita, es dedicarse a implementar el acuerdo de paz con las FARC y mostrar que tiene capacidad y voluntad de hacerlo. Incluso, tiene la oportunidad de mejorarlo con una burocracia eficiente, mayor capacidad, descentralización de procesos y recursos, innovación en laboratorios de desarrollo y paz. Así mismo es importante mantener la mesa con el ELN, pero acelerar con fuerza ya no un cese bilateral, sino una tregua o un plan de reducción verificada de la violencia contra civiles. Insisto; no son los combates entre guerrilla y fuerza pública los que tienen a Arauca y al Chocó en la crisis violenta en la que están.

Finalmente, algo que también ha funcionado antaño es mover a esa gran sociedad civil colombiana que ha producido los movimientos pacifistas más importantes de la región y que puede ser parte de la salida a esta encrucijada. Por supuesto eso también implica bajar las expectativas y la grandilocuencia, pero hoy son más importantes los resultados que las palabras.

Laura Bonilla

[1] Corte al 17 de marzo.