La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) han pedido este miércoles mayor cooperación para evitar la migración en el Tapón de Darién, la inhóspita selva que separa Colombia de Panamá, que registró en 2022 el paso de 250.000 migrantes, una cifra récord.

«A medida que el número de personas migrantes y refugiadas que cruzan la selva del Darién alcanza niveles récord, la OIM y ACNUR piden un enfoque integral, regional y colaborativo para abordar los graves riesgos de protección y las urgentes necesidades humanitarias», reza un comunicado conjunto.

Ambas agencias, que trabajan con las instituciones regionales y organizaciones sociales, han instado a adoptar un enfoque colaborativo y regional para una mejor respuesta a los movimientos de personas refugiadas y migrantes.

Además, están trabajando para fortalecer las comunidades que acogen a personas migrantes y refugiadas, y apoyan iniciativas gubernamentales que ayudan a gestionar mecanismos de regularización y facilitan vías seguras y regulares como alternativas a viajes peligrosos.

«Múltiples factores interconectados, que van desde el acceso limitado a los derechos fundamentales y los servicios esenciales hasta el impacto de la violencia y la inseguridad, siguen empujando a las personas a situaciones de desplazamiento. Estamos aumentando la asistencia humanitaria y de protección para atender las necesidades urgentes de las personas refugiadas y migrantes, principalmente proporcionando apoyo crítico en áreas como alimentación, alojamiento y atención médica, ya que sus derechos y bienestar están en juego», ha afirmado el director del ACNUR para las Américas, José Samaniego.

La cifra de personas que cruzan por el Tapón de Darién subraya la necesidad de ampliar las vías para las personas refugiadas y migrantes, así como los derechos de estas personas y su estado en condiciones de vulnerabilidad.

«La peligrosa travesía de la selva del Darién no es solo un testimonio de la desesperación y la determinación de quienes buscan una vida mejor, sino un recordatorio sombrío de la urgencia de actualizar nuestros sistemas migratorios. Los riesgos inimaginables que enfrentan las personas en este paso, plagado de condiciones naturales hostiles y delincuencia organizada, exigen una respuesta unificada y basada en los Derechos Humanos», ha manifestado Michele Klein Solomon, directora regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

«La urgencia de esta situación no permite demoras; es nuestro deber colectivo, y no solo de Panamá, ofrecer soluciones humanas y sostenibles que prevengan futuras tragedias», ha agregado, al tiempo que ha señalado la importancia de «aunar esfuerzos» a nivel regional y en los países de origen.

La OIM advirtió a principios de este año de que esta ruta sigue estando especialmente transitada pese a que «muchas personas han perdido la vida o han desaparecido» por el camino, según los datos recabados por las autoridades panameñas, que sostenían que el paso de 250.000 migrantes y refugiados durante 2022 doblaba los datos del año anterior, 2021, con un total de 133.000 personas.

La mayoría de los que cruzan proceden de Venezuela (55 por ciento), Haití y Ecuador (14 por ciento cada uno). También hay personas procedentes de China, Colombia, Afganistán, Nepal o Perú.