Por: Hugo Acero Velásquez

La idea de la alcaldesa Claudia López para presentar en la próxima legislatura un proyecto de ley que permita crear una policía local para la ciudad, se da en medio del incumplimiento al compromiso del Gobierno Nacional de entregar 1500 uniformados para Bogotá, y de ver cómo disminuye el pie de fuerza existente en la ciudad.

Hay que esperar el proyecto de ley que, en concreto exponga claramente cuántos hombres y mujeres va a tener esa policía ¿Cómo y cuándo se van a seleccionar y capacitar? ¿en qué instalaciones se van a formar? ¿Cuál es el contenido de esa formación?, ¿Cómo va a ser su estructura? ¿Cuál es el costo anual y permanente? etc.

Por otro lado, esta idea requiere reformas constitucionales y legales profundas, que seguro el Gobierno Nacional no las va a apoyar como corresponde en medio de la gran cantidad de reformas que está tratando sacar adelante.

Una propuesta que no tiene en cuenta la realidad política actual, donde el Gobierno Nacional está empeñado en sacar la Policía del Ministerio de Defensa, sin que hasta el momento se conozca cómo se va a hacer, ni la complejidad de la misma, en la medida que supondría una reforma profunda de tres sectores de gobierno, como son Defensa, Justicia e Interior, si de verdad  quiere hacer una reforma seria y responsable que fortalezca a la Policía en materia de civilidad, operatividad y bienestar y mejore la seguridad de los ciudadanos.

Por otro lado, por lo menos en América Latina, no existen referentes de policías locales buenas. En México, Brasil, Argentina y los demás países donde hay policías municipales, son poco profesionales, ineficientes, corruptas, mal pagas, mal dotadas y se convierten en “guardias pretorianas” de los alcaldes que cambian a su antojo con cada cambio de gobierno. Esto mismo puede repetirse con la idea que hoy se plantea para Bogotá.

Por este camino no es conveniente avanzar, lo qué hay que hacer es volverse a sentar con el presidente y el ministro de Defensa para que cumplan con los compromisos que tienen con Bogotá o ajustarlos a las realidades actuales.

Reuniones que pueden servir también para fortalecer la inteligencia y la investigación criminal (Policía y Fiscalía) con más personal, profesionalización y trabajo en equipo para enfrentar una criminalidad cada vez más organizada y diversificada en sus rentas crimínales.

Si este proyecto de ley se radica y se aprueba, se le deja un chicharrón al nuevo alcalde, sin saber si lo va a continuar o lo va a sostener como corresponde.

Respecto a las otras dos propuestas, con relación al Régimen de Tratamiento Penal Alternativo, un proyecto de ley que ya hace curso en el Congreso de la República y qué pasa a segundo debate, hay que apoyarlo para que los municipios inviertan y puedan apoyar como corresponde en materia de sanción y resocialización a los infractores de la ley penal con instalaciones para tal fin. Adicional a estos esfuerzos locales, Bogotá tiene que invertir en la nueva cárcel distrital en el predio de La Picota, que el Ministerio de justicia le va a dar viabilidad en los próximos días.

Y la tercera propuesta tiene que ver con otro proyecto de ley que busca que funcionarios públicos en Bogotá, diferentes a policías, puedan imponer órdenes de comparendos. Para esto hay que reformar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que focalizó esta acción en cabeza de la Policía, que, en algunos lamentables y censurables casos, se han convertido, desafortunadamente, en foco de corrupción de algunos policías.  Hay que tener mucho cuidado que este comportamiento se traslade a otros servidores públicos.