¿Será qué en esta oportunidad si se logra un acuerdo de paz con el ELN?, esta es una de las preguntas que rondan muchas de las reuniones que alrededor de la paz se realizan por estos días, tanto en los espacios de debate académico como en los escenarios sociales y políticos; y no es para menos, ya que, solucionar el conflicto armado, en el que esta guerrilla es protagonista, toma carácter de urgencia. Responder positivamente esta pregunta, no será posible si, como lo exigen algunos liderazgos políticos, lo que se pretendiera fuera solo la desmovilización, la dejación de armas y la reincorporación de esta insurgencia, como si el futuro de la superación de los ciclos de violencias, dependiera únicamente de la voluntad que expresen y demuestren los grupos alzados en armas.
Sin embargo, si asumimos, como hasta ahora se ha planteado, tanto por el gobierno como por los elenos, que este nuevo intento de lograr un acuerdo de paz, pasa por la búsqueda de transformaciones a las causas estructurales que originan esa violencia política y las demás violencias, seguramente la respuesta puede ser bastante optimista. Y es que los pasos hasta ahora dados en la mesa de diálogo con el ELN, son bastante promisorios, pues se deja ver en las declaraciones y acuerdos, que se piensa en ponerle fin, no solo al conflicto que en este caso les compete, sino que, a partir de estos acuerdos, se pueda aportar a la construcción de la paz integral y total, y a la superación de todas de las violencias, tanto políticas, como económicas y sociales.
Algunas voces se han levantado exigiendo, una supuesta mayor operatividad de la fuerza pública frente al ELN, mayores precisiones, definición de etapas, tiempos exactos y resultados tangibles de la mesa de diálogo, como si se tratara de aplicar una receta, seguramente ya fracasada. Por primera vez, un gobierno asume la complejidad de abordar múltiples escenarios de diálogo con diversos actores armados, políticos y no políticos, sacar adelante un Plan Nacional de Desarrollo que pretende superar las brechas de pobreza y exclusión, poniendo al centro la defensa de la vida, transformar las políticas antidrogas colocando el énfasis en la persecución a los narcotraficantes y al lavado de activos, y sacar adelante la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma agraria, entre otras y de las cuáles es imposible prescindir.
Lo que vemos con claridad, y en este caso es necesario darles los créditos a las delegaciones tanto del Gobierno Nacional como del ELN, es que los acuerdos hasta ahora alcanzados indican que, lo que se busca es llegar a lo que podemos considerar, un punto de no retorno, no solo con el proceso de paz que involucra a esta guerrilla, sino en general, con toda la complejidad del conflicto armado, sus múltiples protagonistas, sus causas estructurales y sus reiterativas consecuencias. No de otra forma, se puede entender la simultaneidad de acuerdos, la disposición a su pronta implementación y la generación de rutas poco ortodoxas, para alcanzar la paz, la justicia social, y la equidad, a través de lo que puede ser un novedoso mecanismo de participación ciudadana que haga posible el compromiso de la sociedad y sus diversos sectores, en lograr pactos y acuerdos, tanto regionales como nacionales, y que adicionalmente entregue luces, para lo que puede ser una reforma política profunda, que ponga al centro el poder y la soberanía popular.
En solo siete meses, esta mesa de diálogo ha dado a conocer varios acuerdos que pudiéramos llamar de alistamiento, que marcan el camino de la profundidad de los pactos que se pretenden lograr, y la responsabilidad conjunta, con la cual, se establecieron las condiciones que deben generarse, para llegar a estos. El primero, es el llamado Acuerdo de México, que sirve de marco conceptual conjunto y que define los alcances de lo que se pretende abordar, tanto en las formas y metodologías, como en los ejes de la agenda temática. Sin demeritar otros acuerdos que se han dado, hay que resaltar el acuerdo No. 9, por la entrega que hace de elementos novedosos para el abordaje de esta manifestación del conflicto armado; este acuerdo central, que hace referencia al proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz, crea un figura muy importante para la elaboración participativa de la metodología que convocará luego a la sociedad a participar en la creación de acuerdos, denominada Comité Nacional de Participación-CNP, que a su vez ya cuenta con su reglamento operativo y su plan de trabajo, y que será instalado el próximo 3 de agosto.
Así mismo, es necesario resaltar que, este ejercicio de participación no será posible, si la mesa de diálogo no hubiera logrado prontamente otro acuerdo importante, como es, el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, el cual cuenta con acuerdos sobre mecanismo de monitoreo, verificación y sus protocolos complementarios, y que entrará en vigor el 3 de agosto, a la par del CNP. Es decir, estos dos acuerdos son interdependientes y se robustecerán en la medida en que entren a funcionar y las confianzas de la sociedad se fortalezcan. Los acuerdos y protocolos hacen precisiones necesarias, sin embargo, estas precisiones generan nuevos retos cargados de incertidumbres, que son propios de los abordajes participativos y complejos, los cuales se deben asumir con profundo respeto y sin muchos temores.
Los comandantes del ELN deberán garantizar que todos los frentes y sus combatientes, respetarán el cese al fuego, y tomar los correctivos necesarios para prevenir o solucionar posibles comportamientos, eventos o enfrentamientos con la Fuerza Pública que comprometan su continuidad, incluido por supuesto el acatamiento al Derecho Internacional Humanitario, en especial el respeto a la población civil; por otro lado, la Fuerza Pública, que deberá hacer los propio en relación con sus mandos a todos los niveles, y los soldados y policías, también le corresponderá profundizar su compromiso con la paz y la superación de posibles conductas que los señalan como aliados de grupos herederos del paramilitarismo y garantizar, junto con otros instrumentos, como la Unidad Nacional de Protección, la vida de líderes y lideresas sociales, gremiales y políticos de todos los sectores, para su permanencia en el territorio.
El reto del Comité Nacional de Participación, en sus seis meses de funcionamiento, será igualmente grande; deberá diseñar participativamente, mediante una serie de reuniones periódicas, encuentros territoriales, sectoriales e instrumentos virtuales, la forma de participación de la sociedad en el proceso, es decir, el cómo, quiénes, cuándo y dónde se va a participar, para construir colectivamente una agenda de transformaciones que hagan posible la paz, que sea el eje fundamental para lograr un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado. Inmenso es el desafío de construir paz, como inmenso es el conflicto armado.
Este mecanismo o metodología de participación, que debe comenzar a implementarse desde marzo de 2024 y que llegará hasta mayo de 2025, debe ser lo suficientemente incluyente, para que ningún sector social, político o económico se sienta excluido, debe responder a la urgencia de las soluciones que exige la sociedad tradicionalmente excluida y a las transformaciones estructurales por años represadas, debe ser tan mesurado como sea posible para no crear falsas expectativas y tan ambicioso como sea necesario, para que la sociedad recupere la confianza en la posibilidad real de construir una nueva sociedad capaz de vivir en paz.
Paralelamente, se deberá incentivar que la sociedad en general se movilice en respaldo del proceso, que construya propuestas y las presente, que se haga sentir cuando considere necesario, que sea artífice y veedora del proceso y que participe en la implementación de los acuerdos tempranos que se logren. No será fácil, no será imposible, para la paz hay que creer que podemos, y hacer viable la juntanza creadora que nace y se recrea en cada territorio y en cada colombiana y colombiano.
