“Ven a la juventud entre las cárceles y creen que eso es seguridad” dijo el mes pasado en la Universidad Distrital el presidente Petro, criticando, con torpe disimulo, a Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Esa frase bien puede resumir la postura política de este gobierno. Un verdad obvia, pues nadie querría ver jóvenes encerrados, pero que omite un detalle colosal: la gran mayoría de los presos no están en las cárceles porque sí, sino porque nuestra justicia, que es independiente, así lo decidió. Y lo hizo para castigar conductas tipificadas en el código penal, y sobre todo, para proteger y resarcir a las víctimas.

Por eso preocupa y angustia tanto que Petro haya pasado además de esa retórica mediocre de criticar al vecino (que quiéralo o no, está dando resultados), a exculpar, condescender y justificar a los delincuentes. Como son jóvenes (aunque hoy el 82% de los reclusos tienen más de 24 años), dice el presidente, no deben estar en una cárcel. Deben salir y reparar a sus víctimas, así el 45% de las condenas sean por homicidio y hurto agravado. Así de simplista es la visión. Y, como el gobierno materializa rápidamente la inacción, decidió acabar de un plumazo la construcción de nuevas cárceles.

El Plan Nacional de Desarrollo, que se vota en primer debate esta semana en el Congreso, no contempla edificar ni un solo establecimiento de reclusión o detención intramural. No habrán nuevas cárceles. De hecho, si usted lee el capítulo 12 del catalizador A (habilitadores que potencian la seguridad humana) del Plan de desarrollo (página 88 de las bases) yo creo que, igual que a mí, le entrarán ciertas ganas de delinquir, que quizás solo se bloquearán porque usted y yo somos personas correctas. Pero el incentivo es perverso.

Toda la política penitenciaria se centra en cuidar el bienestar del delincuente, incluso privilegiando penas que lo dejen en libertad, al tiempo que desprotege totalmente a las víctimas. Lo que está sucediendo hoy, no solo en Bogotá sino en todo el país es gravísimo. Según el INPEC, la capacidad carcelaria del país es de aproximadamente 80 mil cupos, y en 2022 habían más de 124.000 reclusos, lo que significó un hacinamiento del 55%.

La brutal crisis de las cárceles llevó al tribunal de Cundinamarca a ordenarle al gobierno a frenar la sobrepoblación, lo que derivó en un problema mayor: el hacinamiento se desplazó a las estaciones de policía. Y el tema explotó.

Cifras reveladas esta semana durante el debate que tuvimos en el Concejo de Bogotá sobre el tema, muestran cómo el hacinamiento en las estaciones de policía de la ciudad llegó a la alarmante cifra del 252,3%, y en localidades como Usaquén y Bosa a superar el 500%. Para que se haga una idea de lo que pasa en Bogotá, eso es como si a usted al subirse a un avión, lo obligaran a llevar encima de sus piernas a otras dos personas. Ahora quite la comodidad del asiento y váyanse juntos, no a un viaje en avión, sino a pasar una noche helada junto a otros delincuentes. Esa es la situación. Ese, Presidente, es el problema de no tener cárceles, ni administrar con seriedad el problema.

Desde esta trinchera distrital le hago un llamado al Congreso. En esta semana crítica para el Plan de Desarrollo, tiene que ser prioridad descongestionar las estaciones de policía y llevar a los delincuentes a donde deben estar: a nuevas y mejores cárceles. Porque sí Presidente, eso también es seguridad.