Luego de realizar una auditoría  a los créditos otorgados para estudios a población con discapacidad, el presidente del ICETEX, Mauricio Toro, denunció que 10.000 beneficiarios no aportan la totalidad de los documentos requeridos o presentan inconsistencias en sus certificados de discapacidad.

El funcionario aseguró que en busca de salvaguardar la sostenibilidad y los recursos propios que son destinados a la financiación de crédito educativo, «el ICETEX procedió a bloquear estos créditos para garantizar que los beneficiarios que accedan sean realmente personas con discapacidad y así lo demuestren como lo exige la documentación de esta línea de crédito».

Dijo además que el ICETEX solicitará a los estudiantes que presenten a la entidad el soporte de situación de discapacidad remitido al momento de la legalización de su crédito, la cual deberá tener fecha anterior a la solicitud y correspondiente presentación documental de requisitos a los créditos que accedieron.

“Nuestro objetivo es proteger a esta población y brindar las oportunidades de solucionar esta situación que les permita continuar con la renovación de su crédito. Es necesario señalar que las personas que no certifiquen su discapacidad, no podrán renovar con esta línea de crédito que brinda subsidios”, señaló el presidente del ICETEX, Mauricio Toro este miércoles en rueda de prensa.

Dentro el proceso que tendrá lugar, una vez sean contactados por el ICETEX, el estudiante contará con el plazo y las condiciones que le sea informado por la entidad para subsanar la documentación requerida. Tras lo cual, el ICETEX procederá a desbloquear el crédito para continuar con el proceso de renovación del período 2023-2.

El estudiante deberá realizar el respectivo trámite definido por el Ministerio de Salud y Protección Social para incorporarse en el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad – RLCPD en la plataforma SISPRO que dispone MinSalud. Este requisito deberá quedar subsanado antes del 30 de septiembre de 2023.

ICETEX aclara que este será un proceso transitorio para esta convocatoria con el objetivo de cuidar los recursos públicos del Estado y garantizar que las personas que realmente tiene una condición discapacidad sean quienes accedan a estos beneficios.

“Aquí estamos en una función preventiva para acompañar a los jóvenes para que certifiquen su discapacidad como debe ser y proteger los recursos para que sean destinados de manera segura. Partimos de la presunción de inocencia y buena fe. Esto se puede dar por dos situaciones: jóvenes que cayeron en manos de tramitadores y que estos falsificaron sus documentos para diligenciar solicitud de subsidios en su crédito o porque pagaron para obtener certificados de discapacidad”, describió Mauricio Toro.