“Si no se profiere la sentencia de la Corte Constitucional, esos candidatos, de forma irregular y con desconocimiento de los derechos de los demás candidatos, habrían encontrado una fórmula de participar en los comicios”, aseguró.

La Procuradora calificó de increíble que en el país haya sectores que igualen a los servidores públicos indisciplinados con los disciplinados y que la interpretación literal de una cláusula convencional del año de 1969, sirva como patente de corso para que reine la impunidad.

También explicó que la Corte Constitucional fue mucho más allá de lo esperado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reforzando la garantía para que las sanciones de destitución, inhabilidad general y especial y las de suspensión contra los servidores públicos de elección popular proferidas por la Procuraduría, queden sujetas a la revisión definitiva por parte del juez contencioso y calificó el proceso disciplinario colombiano como uno de los más garantistas y acorde con los más altos estándares de calidad y justicia.