Esta semana en el Congreso de la República se radicó un Proyecto de Ley de sujeción a la justicia, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas de alto impacto que tendrá un mecanismo de justicia ordinaria con investigación y judicialización. Este proyecto está pensado para aquellos proyectos armados al margen de la ley que no tienen finalidad o vocación política y pretende brindar herramientas al poder judicial.

Con la radicación de este proyecto, el gobierno le sigue cumpliendo a los colombianos con el propósito de poner todos sus esfuerzos para la construcción de una convivencia pacífica, y demuestra una vez más que la paz se construye con diferentes estrategias. Esta es una de las maneras para avanzar en el camino de tejer y articular la vocación de paz de esta administración.

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Actualmente tenemos vigente la Ley 2272 de 2022 que tiene como objeto definir la política de paz como una política de Estado, en esta hay dos caminos: una de negociación y otra de compensaciones que permita avanzar en sujeción a la justicia con estructuras que se mueven en la economía ilegal, que es precisamente el objeto del proyecto de ley presentado y que determinará las acciones de los jueces penales.

En esta, no hay reconocimiento político por lo que no hay justicia especial. Los actores armados deberán reconocer actuaciones, aportar a la verdad y reparación a víctimas, desmontar el aparato criminal, entregar las armas, cesar acciones como secuestros, reclutamiento a menores y/o desapariciones, entregar el inventario de los bienes, rentas ilícitas, colaboradores y redes de apoyo.

Las penas dependerán de la gravedad de conductas y grados de intervención. No habrá libertades inmediatas por lo que se contempla que la privación de la libertad este entre los 6 y 12 años incluyendo los 4 años de justicia restaurativa. La implementación de la Ley se hará en tres etapas: acercamientos y determinación de voluntad, procesamiento judicial con la Fiscalía, los jueces y estamentos de justicia y cumplimiento e implementación de la Ley.

Ahora, queda a disposición del Congreso la deliberación y aprobación, que será una plataforma jurídica en el proceso de construir la paz en nuestro país, y desde mi posición en la Cámara de Representantes trabajaré para que llegue a feliz término, para que nuestro país siga pavimentando el camino por el buen vivir de los colombianos y para que a los territorios lleguen oportunidades y calidad de vida.