En el último año, el precio de la hoja de coca se ha reducido sustancialmente (60%), generando una crisis económica en las regiones cocaleras. La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) identificó los siguientes factores frente al fenómeno: i) sobreoferta de la producción; ii) cambio en las estructuras de carteles debido a captura de líderes narcotraficantes; y iii) Negocios más rentables como el oro, el carbón o el platino por parte de los grupos ilegales. Otra hipótesis considera que hay un cambio en los hábitos de consumo de droga en Estados Unidos, especialmente, el fentanilo, las metanfetaminas, los opiáceos, entre otras, razón por la que la demanda de cocaína haya disminuido y, con ella, su precio.

Entretanto, un estudio publicado el mes pasado por Indepaz presenta otra perspectiva de la reducción del precio de la hoja de coca: sumado a la sobreoferta, existe agudización de disputas por el control territorial y del mercado, generando inseguridad en los compradores de pasta base y cocaína; al tiempo que se registra un incremento en el costo de los insumos, especialmente de la gasolina, indispensables para la producción.

Algunos campesinos en Nariño, por ejemplo, han decido guardar “terrones” de pasta o base de coca esperando venderlos cuando los precios mejoren. En regiones del Cauca se presenta una crisis económica en eslabones de la cadena productiva de mercado cocalero, como “el de la tienda”, “el de la cantina”, “el del transporte”, etc. En el Catatumbo, ya no hay trabajo para los “raspachines”, población que se incrementó con la migración venezolana.

Por otra parte, la Política de Seguridad y Defensa establecida por el gobierno de Gustavo Petro establece, entre sus pilares, el fortalecimiento de la fuerza pública, en especial en el tema de inteligencia, para luchar contra las organizaciones delincuenciales especialmente en temas como incautación de insumos, destrucción de laboratorios y el control de ríos y mares para evitar la salida de narcóticos.

El “Gobierno del Cambio”, por intermedio del ministro de Defensa (Iván Velásquez), ha señalado que la nueva política de lucha contra las drogas no girará en torno a la erradicación forzada porque no es efectiva, sino que se concentrará en cerrarle el paso a las organizaciones criminales y en capturar a los dueños del negocio y las finanzas criminales. Esta comunicación la dio a conocer el ministro en respuesta al zar antidrogas de Estados Unidos, Rahul Gupta, quien afirma que existen niveles récord de cultivos en Colombia y que estos son una amenaza no solo para Estados Unidos, sino para otros países. Corroborando la información del zar antidrogas, la ONU (en estudio publicado a finales de 2022) estableció que el cultivo de coca se ha expandido en un 43%, llegando a la cifra de 204.000 hectáreas cultivadas, la más alta en la historia de nuestro país.

Las otrora noticias de incautación de toneladas de cocaína ya no son el pan de cada día en Colombia. Los últimos informes noticiosos establecen que las incautaciones se registran en Europa; el 28 de junio, en el puerto de Algeciras (España) incautaron 6.5 toneladas del alcaloide camuflada en bananos embarcados desde Colombia y Ecuador. Las pocas incautaciones que han sido conocidas en la prensa son de transporte interno, beneficiando el microtráfico, como sucedió esta semana con un cargamento de 50 kilos incautado por la policía en Bucaramanga, procedentes de Pamplona, Norte de Santander.

Con la nueva política antidrogas se espera incrementar el número de incautaciones, más que la de hectáreas erradicadas. Para 2023, la cifra de incautación de droga que espera incautar el gobierno de Gustavo Petro es de 832 toneladas, superando las de años anteriores, que fueron de 671 toneladas en 2022 y 669 en 2021. Sin embargo, los datos no favorecen al gobierno; mientras que entre enero y mayo de 2022 la administración Duque incautó 312 toneladas, en el mismo periodo de 2023 el gobierno Petro ha incautado 257, una reducción del 18% (https://bit.ly/3JAu5mo). Fuentes no oficiales señalan que el cambio en la cúpula de las Fuerzas Militares generó el cierre de varias rutas de exportación del alcaloide para Europa y Estados Unidos, razón por la que se ha reducido el número de incautaciones. Sin embargo, analistas de WOLA manifiestan que la oferta de cocaína se ha mantenido en ciudades como Nueva York y varias de Europa y, por consiguiente, su precio no se ha incrementado.

En este marco, surgen varias dudas: ¿La crisis en el mercado de la cocaína obedece a cambios en el consumo de drogas de algunos países o a transformaciones en la dinámica del conflicto armado que reconfiguró rutas de tráfico y estrategias de guerra? ¿Se ha reducido la exportación de cocaína para suplir el mercado interno? ¿En qué fallaron programas de sustitución planteados por el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las FARC en 2016? ¿Qué ha hecho el actual gobierno en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y el mejoramiento en las condiciones de vida del campesinado?

Lo importante, por el momento, es que el gobierno inicie proyectos de sustitución productiva y planes de seguridad alimentaria con familias que dependen del cultivo de coca en Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Catatumbo, pues es un drama social el que están viviendo estos campesinos.

Maylor Caicedo

PhD en Historia Universidad Nacional de Colombia. Profesor-Investigador de la Universidad La Gran Colombia y el Colegio Mayor de Cundinamarca.