Dicen que se hace campaña en poesía, pero se gobierna en prosa. El gobierno se posesionó con uno de los discursos ambientales más radicales del mundo, uno basado en el ataque más que en resultados. Tras prohibir la exploración de hidrocarburos en Ecopetrol y frenar un sin número de licencias ambientales, no hay ningún logro palpable en transición energética, ni siquiera se ha presentado la hoja de ruta anunciada para mayo de 2023. El poder simbólico del “No” es didáctico, pero por sí solo no salva el planeta. La decisión de Enel de suspender el proyecto Windpeshi de renovables al mismo tiempo que el país bate records en el primer trimestre de 2023 de inversión extranjera minero-energética, no era la rima esperada. Sin resultados a la vista, le va a tocar al gobierno trabajar más duro, crear rondas de inversión de renovables.

En La Guajira chocaron dos principios del gobierno, lograr extraer más beneficios económicos para comunidades y descarbonizar la matriz energética. Se impuso la primera, matando la gallina de oro. Ni siquiera es que hubiese problema con que la comunidad estuviera exigiendo sus derechos, el reto era que cada vez que todo estaba acordado, había otro paro para pedir más. Es probable que, frente a la imposibilidad del diálogo efectivo y el aumento de secuestros y extorsiones, otros de los 59 proyectos de renovables en La Guajira también cierren. Ni siquiera la línea de transmisión logra salir adelante con 45 consultas previas requeridas.

En febrero, según Colfecar, en Colombia se presentaron 2.6 bloqueos viales diarios. Ahora que no solo las comunidades Afros e Indígenas, sino cualquier campesino pueda exigir consulta previa, como pretende el gobierno, la posibilidad de adelantar infraestructura para el progreso se va a volver imposible. Lo óptimo sería que el interés general prime sobre el particular. En Perú, las obras nacionales están exentas de consulta previa y tienen licenciamiento más expedito. Aunque esto no es posible en Colombia, si haría mucho bien definir al principio de un proyecto el costo económico de la consulta previa en inversión o participación de utilidades.

Es lamentable sacrificar la transición energética en el altar del diálogo interminable y el paso glacial de la agencia nacional de licencias ambientales. La ironía es que mientras las inversiones verdes no llegan al país por su complejidad, llueve la inversión extranjera minero-energética. A pesar del alza de impuestos y la hostilidad administrativa, el negar nuevas licencias hace más escasas y valiosas las existentes. Con corte a abril, la inversión extranjera directa en Colombia creció un 20% frente al 2022 a US4,791 millones. La inversión extranjera distinta a la minero-energética cayó un 37% sobre el mismo periodo. Si se sigue en este camino, seremos más dependientes que antes en el sector extractivo sin avanzar en descarbonizar la economía.

Una de las pocas cosas que el Estado hace mejor que el sector privado es el proceso de licenciamiento. Utilizando mapas solares y de viento, Min Minas podría identificar zonas de alto potencial en renovables para encargarse de cualquier requisito de licencia o consulta. Esto, junto con una mejor expansión de las líneas de transmisión, podría lograr los tres propósitos: comunidades en mejores condiciones, diversificación del modelo extractivos y transición energética.