Había una vez unas tierras hermosas atravesadas por la Cordillera Oriental de la región Andina Colombiana., con personas soñadoras y muy inteligentes que sobresalen en el mundo. Lo malo de esta historia, como siempre, son los que no saben manejar el poder, que buscan acaparlo todo y que no permiten que los sueños de esas personas puedan volverse realidad. Este es el caso de un gobernador, que  no supo cómo administrar los recursos otorgados y al cual le hemos puesto el lente, porque las personas soñadoras de estas tierras lo han denunciado y no quieren que ocupe más cargos públicos.

La historia que están a punto de leer nos conmovió profundamente por el hecho de que lo que está en juego son los recursos de las personas, y estos se han gastado en cosas que no son para el bien común, sino en asuntos privados de personas que se creen muy vivas y que nadie se va a dar cuenta de sus fechorías.

Sin duda alguna, a quien nos referimos es a Carlos Amaya, ex gobernador de Boyacá (2016-2019) quien fue precandidato presidencial por el Partido Alianza Verde. Este personaje no ha interiorizado uno de los principios fundamentales del Partido Verde: los recursos públicos son sagrados. Dicho principio se erige como columna vertebral porque de él se desprenden otras conductas que darían cuenta de un actuar político sin corrupción y en donde no primen los intereses particulares sobre el interés general de la comunidad.

El caso de Carlos Amaya durante la Gobernación de Boyacá de 2016 a 2019 es un claro ejemplo de mala gestión de los recursos, por lo que, se incumple el principio en mención. Lo anterior se evidencia en dos de los informes de auditoría realizados por la Contraloría General de la República (CGR), en los que en ambos se determinó concepto adverso y se demostró que para 2016 y 2017 hubo incumplimiento material, en algunos casos con detrimento patrimonial. Lo anterior quiere decir que la información acerca de la materia controlada no resulta conforme con los criterios aplicados.

Además del mal manejo de los recursos, la CGR en 2018 evidenció que Amaya mintió, cuando al analizar el Informe de resultados del Plan de Acción de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá y del Departamento de Boyacá para la vigencia 2017[1], se presentaron resultados que no corresponden a la realidad de la gestión. Por ejemplo, se presentaron avances de casi un 90% en la ejecución y puesta en funcionamiento de acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento, cuando en realidad, algunos proyectos se encuentran en ejecución y la mayoría están en proceso de diseño, presentación o aprobación.

Como gobernador de Boyacá, la conducta de Amaya no sólo es cuestionable a la luz de estos informes por los incumplimientos que pone de presente la CGR, sino por cuatro procesos disciplinarios que al día de hoy están activos en la Procuraduría General de la Nación: 1) en 2018 se radicó queja por presuntos actos de corrupción, enriquecimientos injustificados en Tunja y por el aumento injustificado del impuesto predial; 2) en 2019 por hechos de corrupción al celebrar contratos sin el cumplimiento de requisitos, 3) en 2020 por hallazgos en los contratos 1665 de 2018 y 1652 de 2019, 4) Y en 2022 por el proyecto de mejoramiento de la vía Miraflores – Páez en el tramo comprendido del Km 100+000 hasta el km 112+100 (Departamento de Boyacá).

No le quitemos el lente a este personaje, la justicia llega porque llega.

Diego Cancino

[1] Página 29 del Informe de Auditoría para la vigencia de 2017.