El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, informó que en lo que va de año 18.755 personas han tenido que desplazarse de sus casas por culpa de la presencia de grupos armados ilegales.

Estos datos los ha dado a conocer durante la presentación del informe ‘El Estado de la Movilidad Humana Forzada 2022’, documento que detalla el número y la localización de los confinamientos, los desplazamientos y riesgos..

Además, 103 comunidades han sido obligadas a confinarse a nivel nacional, lo que equivale a 5.825 familias, siendo el Chocó el departamento más afectado que ha registrado el 79 por ciento del total total de este tipo de vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades.

«Es urgente advertir que las comunidades prefieren confinarse a desplazarse, y la razón es que la atención de emergencia que brinda el Estado no es buena y no se entrega de manera oportuna», ha explicado Camargo.

El informe asegura que las principales causas del confinamiento estuvieron relacionadas con el aumento de la presencia de grupos armados ilegales, con 47 eventos; enfrentamientos, 32; amenazas, siete, y finalmente, un evento debido a un paro armado.

«Las comunidades se ven obligadas a permanecer prácticamente secuestradas en sus territorios, al quedar en medio de los enfrentamientos de grupos armados ilegales, que son los causantes de los riesgos, las amenazas y señalamientos», ha denunciado.

Con estas cifras el Defensor del Pueblo ha querido llamar la atención del Gobierno Nacional sobre el desplazamiento forzado de alcaldes, concejales, docentes y otros funcionarios públicos de sus territorios, a causa de las amenazas de los grupos armados ilegales.

«Estas son las cifras frías que debemos entregar y con las que esperamos llamar la atención de las autoridades del Estado para no permitir que eventos como el confinamiento se vuelvan paisaje, sin que el Estado atienda de manera oportuna y eficaz las vulneraciones contra las comunidades», ha zanjado Camargo.