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La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo en su informe de seguimiento al cumplimiento ala orden judicial que exige la delimitación del Santurbán – Berlín, un ecosistema clave para la conservación hídrica, la biodiversidad y los derechos fundamentales de comunidades en Santander y Norte de Santander, pone en evidencia reiterados incumplimientos del Ministerio de Ambiente.
El órgano de control disciplinario advierte que, a más de siete años de emitida la sentencia, el acto administrativo de delimitación aún no ha sido expedido, agravando la crisis ambiental y social en la región, con incremento de minería ilegal, informalidad laboral y deterioro del tejido comunitario.
También habla de graves fallas en la participación ciudadana, ya que, de las siete mesas de trabajo previstas, solo se realizó una, en Bochalema, dejando por fuera a comunidades de 13 municipios, y dice además que las estrategias de divulgación han sido insuficientes, especialmente en zonas rurales con baja conectividad.
La Procuraduría y la Defensoría solicitaron al Tribunal evaluar sanciones por posible desacato. También pidieron reiniciar el proceso garantizando participación ciudadana, debido proceso ambiental y respeto al Acuerdo de Escazú y priorizar la delimitación como requisito previo para cualquier otro instrumento de gestión ambiental.
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