El Gobierno Nacional decretó el estado de Emergencia Económica en todo el país, como medida para recaudar el dinero faltante en el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso de la República.

Se sabía que el Gobierno acudiría a esta medida tras la negación del Congreso de la República al proyecto de reforma tributaria.

El argumento entregado por el Ministerio de Hacienda para decretar el Estado de Emergencia Económica, es que el país tiene obligaciones económicas que deben ser atendidas de manera inmediata.

Según el borrador del decreto, la tarifa del impuesto subiría al 1 % para quienes registren patrimonios superiores a $3.600 millones. Asimismo, se establecería una tasa progresiva que podría alcanzar hasta el 5 % para los contribuyentes cuyos patrimonios superen los $100.000 millones, lo que representaría un cambio sustancial frente al esquema vigente.

En la actualidad, la tarifa inicial del impuesto es del 0,5 % y la máxima llega al 1,5 %, por lo que la propuesta implicaría un incremento considerable en la contribución de los grandes patrimonios. El Gobierno argumenta que esta medida permitiría una mayor equidad en el sistema tributario, al exigir un mayor esfuerzo fiscal a quienes tienen mayor capacidad económica.

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No obstante, el decreto mantendría sin cambios la tarifa del 0,5 % para los patrimonios comprendidos entre $2.000 millones y $3.600 millones. Esta medida busca proteger a los contribuyentes con patrimonios más bajos dentro del rango gravado, mientras se concentra el aumento en los niveles más altos de riqueza.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que el Gobierno no ha considerado el establecimiento del 5×1.000.