¨No hay impuesto sin representación¨ fue lema acuñado e invocado por habitantes de las colonias británicas a mediados del siglo XVIII, al no sentirse representados en el parlamento imperial y tener que asumir a regañadientes las tasas impositivas emanadas allende el mar.

Sin duda, ese lema contribuyó para allanar el camino a la ulterior creación de instituciones propias de la democracia representativa que fueron plasmados en la agenda conceptual e ideológica de la independencia de EEUU, la revolución francesa y la independencia de los países latinoamericanos.

Desde entonces, por lo menos a nivel teórico y conceptual, ninguna persona, natural o jurídica, ni tampoco un territorio anexo a un país, tiene porque sentirse huérfano de representación en los espacios legislativos donde se tramitan leyes que imponen tasas impositivas a diferentes actores de la vida económica y social.

En el caso colombiano, la filosofía institucional de garantizar representación para legislar impuestos, ciertamente no ha logrado el desarrollo deseado. Hay subrepresentación de algunos sectores que se ven vinculados con obligaciones impositivas sin poder objetarlas, al mismo tiempo, hay sobrerepresentación de grupos de interés específicos, de carácter gremial y corporativista, con mayor éxito para lograr velar por las apetencias particulares de sus representados, fenómeno que sucede, entre otras razones, porque el tema lobby en Colombia, se sigue manejando con torpe mojigatería, hasta el punto de hablar con cierto gracejo del senador # 109, una persona sin curul parlamentaria, con una alta capacidad de influir los trámites legislativos en función de intereses bien particulares.

Hoy, a 30 años de expedida la constitución de 1991, que tuvo la audacia de introducir el concepto de democracia participativa en el marco de nuestro ordenamiento político, el tema tributario ha sido tímidamente tratado como un frente de acción para el desarrollo institucional de la participación democrática.

Así como se acuñó en aras de la representación política el lema de ¨no hay impuestos sin representación¨ y se desarrollaron instituciones consecuentes con ello, no se puede predicar lo mismo en materia tributaria y la participación democrática.

La necesaria articulación fluida entre democracia representativa y democracia participativa, pasa por garantizar que la representación en el trámite de impuestos se complemente y se cualifique con la participación en el ejercicio de la tributación.

En ese propósito, vale la pena estudiar experimentos institucionales a nivel local y nacional en los que hay una base germinal para el desarrollo institucional de una nueva cultura tributaria que permita transitar de lo que hoy conocemos como pagadores pasivos de impuestos hacia unas actitudes y hábitos de creciente número de activos contribuyentes dispuestos a participar en la gestión de temas referidos al bien común.

En el segundo periodo de alcaldía de Antanas Mockus se ejecutó el programa 110 por ciento en el que varios contribuyentes decidieron aportar un diez por ciento adicional a su liquidación de impuesto de industria y comercio, bajo la premisa de que ese aporte se destinaba a financiar un menú de proyectos sociales previamente conocidos por el contribuyente antes de hacer su pago. Hubo un aumento de recaudo significativo al respecto, sin embargo, los aprendizajes allí acumulados no se potenciaron ni ampliaron, quizá por falta de voluntad de administraciones distritales que sucedieron a la de Mockus.

Por su parte, el gobierno nacional, con el propósito de promover la concurrencia del sector privado en acciones directas de apoyo a proyectos de alto impacto social y económico en zonas donde se priorizan acciones para construir paz con legalidad, ha potenciado el instrumento ¨obras por impuesto¨, por medio del cual, empresas pueden destinar hasta el 50 % de sus impuestos de renta para proyectar, financiar y ejecutar obras en zonas donde se ejecutan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Estos dos experimentos, el de Bogotá en tiempos de Mockus, y el de orden nacional que ejecuta el gobierno de Iván Duque con su política de paz con legalidad, introducen un cambio comportamental en el contribuyente, si se quiere, una nueva psicología social que le permite una nueva forma de relacionamiento con todo lo referente a la participación personal y empresarial en la gestión de temas de interés común; personas u organizaciones que no se limitan a un pago pasivo de

impuestos, en medio de gestos de desconfianza hacia la institucionalidad pública, sino que autónoma y responsablemente deciden ejercer su derecho a solidarizarse y concurrir en la gestión social en el marco de alianzas público-privadas cooperativas y mutuamente edificantes.

Ante la necesidad de una futura reforma tributaria, clave sería que el gobierno nacional ampliara de manera significativa el cupo fiscal actual de 250 mil millones de pesos para obras por impuestos en un monto más amplio, de manera que los contribuyentes colombianos puedan ejercer activamente sus funciones tributarias y concurrir en la ejecución obras, generación de empleos y mejoramiento de coberturas de educación superior, con ello, daría un mensaje contundente en términos de fortalecimiento de la democracia participativa.