El presidente de Colombia, Iván Duque, ha asegurado este viernes que su propuesta de reforma tributaria «no tiene líneas rojas», por lo que estaría dispuesto a «sustituir» algunos puntos de la misma, dos días después de que miles de personas hayan salido a las calles de todo el país a protestar por una medida que consideran perjudicial para las clases medias y populares.

«Estoy dispuesto a retirar la propuesta del IVA y de los servicios funerarios. En este proyecto de ley no hay líneas rojas», ha expresado para los micrófonos de la emisora colombiana La FM. Sin embargo, el presidente colombiano ha matizado que esto no significa que esté por la labor de retirar su propuesta, enviada ya al Congreso.

«Espero que con los partidos políticos, con las propuestas que han llegado del sector privado, podamos, en el marco de las instituciones, en el Congreso, construir un texto que refleje ese consenso», ha señalado.

«Podemos hablar de una ponencia que sustituya aspectos del texto, estamos listos para a hacerlo en el seno de las instituciones para fortalecer nuestras finanzas públicas», ha explicado.

La controvertida reforma tributaria presentada por el presidente Duque ha sacado a las calles de las principales ciudades del país a miles de colombianos en los últimos dos días, aunque se espera que las movilizaciones se prolonguen lo que queda de semana.

La primera jornada de protestas celebrada el miércoles desbordó la previsiones iniciales y acabó derivando en altercado y enfrentamientos con la policía. Las autoridades colombianas han informado de al menos dos fallecidos, una treintena de detenidos, la mayoría en Cali y Bogotá, y casi un centenar de agentes heridos.

La prensa colombiana se ha hecho eco de la brutalidad policial que se vivió el miércoles, en el que una mujer perdió la visión de un ojo, después de que, denuncia, un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) le disparara directamente a la cara.

Algunos de los detenidos ya han sido liberados por falta de pruebas y las autoridades judiciales ya han ordenado abrir una investigación contra algunos de los agentes que llevaron a cabo los arrestos.