Durante la instalación del 24.º, Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) que se realiza en Cartagena el vicepresidente Técnico de Asobancaria, Alejandro Vera, ratificó el compromiso de la banca para hacerle frente al delito de lavado de activos.

Recalcó que este resultado no es casualidad, sino fruto de más de 30 años de trabajo en los que se ha construido una institucionalidad sólida para prevenirlos.

Recordó además que diversos organismos y autoridades extranjeras ven con buenos ojos el trabajo que se ha realizado en esta área.

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Entre ellas se destacan la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), entre otras.

En su intervención, el vicepresidente dio a conocer tres desafíos que enfrenta el sector, el primero de ellos tiene que ver con un plan claro para enfrentar las posibles consecuencias de una eventual descertificación de la lucha antidrogas del país por parte de EE.UU.

“Es fundamental reforzar la coordinación interinstitucional entre el sector privado y el gobierno de Estados Unidos. Esto no solo aumentará la credibilidad de nuestro sistema financiero, sino que también contribuirá a preservar su estabilidad en tiempos de incertidumbre. Además, es clave dar certeza a la banca corresponsal, pues la confianza de estas instituciones es vital para el funcionamiento eficiente de
las operaciones internacionales. Por eso, es primordial definir estrategias para fortalecer esa relación”, aseguró Vera al respecto.

En segundo lugar, indicó que el país debe prepararse para la 5.ª Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que se realizará en 2028.

Recordó que, en la última evaluación que se hizo en 2018, nos recomendaron demostrar mayor efectividad y aumentar el número de condenas por lavado de activos y financiación del terrorismo, ya que, aunque existen muchos casos, las sentencias suelen dictarse por sus delitos fuente. Tal es el caso de condenas por contrabando, tráfico de migrantes y delitos contra la administración pública. Otra de
las recomendaciones del GAFI es que se establezca un marco normativo contra la financiación de armas de destrucción masiva.

Finalmente, como tercer desafío, manifestó que deben incorporarse tecnologías emergentes como eje estructural del sistema antilavado en Colombia. Expresó que el uso de la inteligencia artificial y el análisis de redes pueden ser herramientas altamente efectivas en la lucha contra el crimen financiero.