El contrabando de cigarrillos se incrementó significativamente en 2018 y alcanzó máximos históricos al llegar a un 25% del mercado, la cifra más alta desde 2011. Este fenómeno genera graves consecuencias para las arcas departamentales en la medida que las entidades territoriales dejaron de percibir $USD 141 millones durante el 2018. Así mismo, el contrabando de cigarrillo se ha duplicado respecto a las cifras reveladas en 2016, año en el que se ubicó en 13%.

Esta es la principal conclusión del estudio “Incidencia de los cigarrillos ilegales en Colombia” presentado al Comité de Seguimiento de Alto Nivel de Lucha contra el Contrabando, el cual es liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la participación de entidades como la DIAN, la UIAF, POLFA y otras competentes.

El estudio realizado por la firma INVAMER para la ANDI, tiene como propósito hacer una medición periódica del impacto del contrabando de cigarrillos en el país y permite comunicar a las autoridades nacionales y a la opinión pública la tendencia de un fenómeno ilegal que genera graves consecuencias en la sociedad colombiana.

La mayor participación del mercado de cigarrillos ilegales por departamento se da en La Guajira (86%), Cesar (80%), Magdalena (74%), Sucre (67%) y Córdoba 62%), Bolívar (58%), Norte de Santander (55%) y Atlántico (32%). Llama también la atención el incremento de 10 y 5 puntos porcentuales de contrabando en Santander y Bogotá respectivamente, frente a la medición de 2017.

El estudio determinó que el contrabando predomina en las zonas rurales (49%), y en los estratos 1 y 2 (32%). Uno de cada dos cigarrillos que se consumen en la zona rural colombiana es ilegal. Del mismo modo, hay mayor incidencia de consumo en las regiones con mayor presencia de contrabando.

Se observa que los canales de distribución más utilizados para la adquisición de cigarrillos de contrabando son las tiendas de barrio con (78%). Adicionalmente, se reveló que otro factor representativo en la decisión de compra del producto ilegal es la disponibilidad de manera libre en el mercado (48%).

El 90% de los encuestados indicó que el precio es la razón principal que los motiva a adquirir marcas ilícitas. Lo anterior, debido a que el precio promedio de compra de cajetillas legales es de $5.198 pesos, a diferencia de las ilegales que se venden en promedio en $2.740.

Los resultados históricos del estudio evidencian una relación directa entre el aumento de los impuestos y el contrabando de este producto. Desde el año 2017, fecha en que empezó a regir la Reforma Tributaria que incrementó el impuesto específico de $1.400 a $2.100 por cajetilla de 20 cigarrillos, este comercio ilícito pasó de 13% a 25%.

En el marco del Comité, la ANDI y la industria solicitaron al Gobierno intensificar las medidas de control y generar una agenda público-privada que responda de manera contundente al gran desafío de la ilegalidad en el sector.