Con la llegada de una nueva legislatura se comienza a dar la discusión sobre la nueva reforma tributaria que presentará el Gobierno al Congreso, tras la fallida reforma que no llenó las expectativas y terminó con la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y un estallido social sin precedentes en la historia reciente del país.

Por tal motivo, desde diversos sectores políticos comenzaron a hacer propuestas sobre los temas que debería contener la nueva reforma que se radicará el próximo 20 de julio, una de estas es la de Dilian Francisca Torres, directora del Partido de la U quien señaló que, entiende que la situación económica del país requiere de fuentes que financien una Reforma Fiscal, pero considera que deben ser los ricos y las empresas que más tengan recursos, quienes deben pagarla.

“Esta reforma debe estar encaminada para que paguen los que más tienen; por eso, se debe mantener el impuesto al patrimonio mínimo hasta el año 2026, extendiéndolo a personas jurídicas y aumentar la sobretasa a las entidades financieras para poder garantizar la red de protección social de los más pobres, incluyendo a las mujeres cuidadoras dentro del ingreso solidario”, dijo la Toro en un comunicado publicado por su Partido.

Toro Torres agregó que, el Estado deberá incentivar a las medianas y pequeñas empresas para reactivar la economía. Deberá asumir la seguridad social de jóvenes y mujeres para que las empresas los incorporen nuevamente al mercado laboral, por ser los grupos más afectados en esta pandemia.

Sobre lo anterior añadió que, es el momento de hacer una amnistía en intereses y sanciones para los contribuyentes. Según explicó, dicha amnistía tributaria podría tener vigencia hasta el 2022, la cual consistiría en la disminución de intereses del 100% y 90% de las sanciones para los contribuyentes que cancelen la totalidad de las obligaciones en mora reconocidas a diciembre 31 de 2020.

Con la medida se podría perdonar parte del capital, tal como ocurrió con los municipios y departamentos en 2020. Además, se podría establecer la terminación por mutuo acuerdo de los procesos que se encuentren en fiscalización, liquidación y discusión, y que haya conciliación para los que se encuentren en demandas en la vía contencioso administrativa.