La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026 ha generado un fuerte remezón económico y político en el país. La medida, adoptada mientras se estudian las demandas contra el decreto presidencial, deja a trabajadores, empresarios y sectores productivos en un escenario de incertidumbre sobre cuál será finalmente el incremento que regirá este año.

El incremento, cabe señalar, había sido decretado por el presidente Gustavo Petro ante la falta de acuerdo en la mesa tripartita conformada por empresarios, sindicatos y Gobierno. La cifra superaba ampliamente el rango que varios analistas consideraban técnicamente sostenible, ubicado entre el 6% y el 7%, resultado de sumar la inflación anual (5,1%) y uno o dos puntos de productividad.

Por ello, diversos gremios y ciudadanos demandaron el decreto argumentando que el alza del 23% no estaba suficientemente sustentada en criterios técnicos y podría generar efectos negativos sobre el empleo y la estabilidad económica. El Consejo de Estado decidió entonces suspenderlo de manera provisional mientras estudia el fondo del asunto.

Para conocer el contexto de esta decisión, sus implicaciones y el impacto del alza para los emprendedores colombianos, Confidencial Noticias habló con la periodista especializada en economía y creadora de ‘Economía al alcance de todos’, una iniciativa para acercar el mundo financiero a la ciudadanía en general, Sol Suárez Jaramillo.

“Lo primero es que el salario mínimo en Colombia solamente se lo gana 1 de cada 10 colombianos. Así que es una población muy chiquita. Específicamente se la ganan 2.5 millones de colombianos de todo el país y somos aproximadamente 52 millones de colombianos (…) y solo 6 de cada 10 colombianos ni siquiera alcanzan a ganarse el salario mínimo. O sea, son casi 13 millones de colombianos los que hoy no se ganan el salario mínimo”, aseguró inicialmente la comunicadora, señalando que un alza tan alta en el mínimo sigue incidiendo en que la informalidad laboral crezca en Colombia.

A pesar de ello, ya algunas compañías han comenzado a pagar el aumento del 23%, lo que implica posibles reajustes en caso de que el incremento final sea menor en el marco de la decisión del Consejo de Estado de suspender el incremento. Esto podría traducirse en procesos administrativos complejos, eventuales compensaciones y revisiones contractuales.

La medida no anula el aumento de forma definitiva, pero sí introduce un periodo de transición que obliga al Gobierno a emitir un nuevo decreto ajustado a criterios constitucionales y técnicos. Mientras tanto, empresas y trabajadores enfrentan dudas sobre cuál porcentaje aplicar y cómo manejar los ajustes ya realizados.

En esa línea, Sol Suarez señala que el alza del salario mínimo no solo afecta a quienes lo reciben directamente, sino también a múltiples tarifas y cobros indexados a este indicador.

Entre los precios que podrían registrar alzas se encuentran cuotas de administración, servicios públicos y arriendos, aumentos en transporte y afectaciones en precios de bienes y servicios.

Frente a ese escenario, la comunicadora ve con buenos ojos la determinación del Consejo de Estado y la califica como “responsable” ante sus impactos al bolsillo de los colombianos.

Economistas advierten que, si los costos superan la capacidad productiva, podrían aumentar la informalidad o frenarse nuevas contrataciones. El debate gira en torno a encontrar un equilibrio entre mejorar el ingreso de los trabajadores y mantener la sostenibilidad empresarial.

La suspensión también tiene un trasfondo político. Sectores cercanos al Gobierno han señalado que una eventual reducción del aumento podría convertirse en bandera de movilización social, mientras que críticos del decreto insisten en la necesidad de respetar criterios técnicos y constitucionales.

“Hoy más que nunca tenemos que explicar las cosas, levantar la voz, levantar la mano. No quedarnos callados por el simple hecho de que es que ellos lo van a utilizar para campaña. Yo siento que si en algún momento de la vida hay que ya levantar la mano, como lo dice el Consejo de Estado, es en este momento porque es que nos tienen otros 4 años y ya no sé cuánto va a aguantar el país”, agregó Suárez.

Por ahora, Colombia permanece en un compás de espera. El Gobierno deberá expedir un decreto transitorio mientras el alto tribunal analiza el caso de fondo. La decisión final no solo definirá el porcentaje del salario mínimo, sino que marcará una señal sobre la relación entre política económica y estabilidad institucional.

Más allá de la discusión ideológica, el reto será encontrar una fórmula que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar efectos adversos sobre el empleo y la actividad productiva.

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