La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas –ACOPI– dio a conocer su preocupación por los planteamientos de la reforma tributaria, porque según sus estimaciones, «aumentaría las cargas impositivas del sector MIPYME nacional».

Para el gremio preocupa la modificación de la regla fiscal y la introducción del componente verde que podría aumentar el nivel de endeudamiento del país y por tanto el déficit fiscal. Además, según dicen, «puede ser visto como una señal negativa en la senda de corrección del déficit».

«En ACOPI, entre otros asuntos, vemos necesario revisar la congruencia de este Ley de Financiamiento con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Y es que el Proyecto de Presupuesto genera un incremento en los ingresos tributarios de la nación de 22,5 %. Esto es más de 10 veces el crecimiento proyectado de la economía para este año», afirman.

El gremio destaca que la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria, reconoce y plantea una disminución y diferenciación de la tarifa nominal de renta a las empresas; lo cual es positivo y recoge la propuesta que ha sido liderada por ACOPI desde hace más de ocho años, «pues contribuye a la liquidez y competitividad de los micro empresarios, no obstante, con la redacción actual de la norma quedan excluidos de este beneficio la pequeña y mediana empresa que, en justicia, deberían ser incluidas».

ACOPI ha señalado que no se contrapone a la tarifa diferencial y que, en gracia de discusión, el RST puede ser funcional al proceso inicial de formalización (transitorio), pero no reemplaza el régimen ordinario.

Para el gremio de pequeños y medianos industriales, «esta reforma contiene un aumento considerable de costos para el desarrollo de la actividad económica y ello, sumado al aumento de los costos de energía que sufrirán los empresarios, derivado del alza del impuesto al carbono, y el impacto económico que conllevará la Reforma Laboral, ponen en riesgo el futuro financiero de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas».

Por último, hacen un llamado a la revisión conjunta del texto de la Reforma y la participación de los interesados en la toma de decisiones que los afectan.