Amnistía Internacional ha lanzado una «acción urgente global» en los más de 160 países en los que tiene presencia para enviar cartas al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, para solicitar la liberación de Alberto Nallar, un abogado y defensor de derechos humanos que fue detenido en la provincia esta semana en el marco de las protestas por el cambio de la constitución de la región de Jujuy. A Nallar se le imputa un delito de sedición.

Amnistía ha pedido al gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente del opositor Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, «poner freno, de modo urgente, a la violencia, represión y criminalización en la provincia y garantizar y respetar el derecho a la protesta en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos».

La organización destaca que «entre el 11 y 13 de julio, en Jujuy, se ordenaron y comenzaron a ejecutarse al menos 40 detenciones y allanamientos en las ciudades de Humahuaca y San Salvador» y que entre los detenidos se encuentra Nallar, «un defensor de derechos humanos con un rol muy activo durante las protestas en la provincia que vienen llevándose a cabo desde el 15 de junio».

Amnistía se suma así a la Multisectorial Jujuy, una agrupación de entidades sociales y de derechos humanos que se han manifestado en las inmediaciones de la unidad penal del Barrio Alto Comedero para reclamar la liberación de doce personas.

Amnistía ha resaltado también que «en el marco de las detenciones también se libraron órdenes contra docentes, universitarios, defensores y defensoras de derechos humanos que participaron de las movilizaciones sociales a raíz de la aprobación de la reciente reforma constitucional en la provincia».

El grupo destaca que «desde que comenzaron las manifestaciones se han detenido al menos a 130 personas y defensores de los derechos humanos» y que a muchos «se les endilgan diversos delitos que son frecuentemente utilizados para criminalizar personas que ejercen el derecho a la protesta social, tales como sedición, entorpecimiento de la vía pública, incitación a cometer delitos, resistencia a la autoridad, entre otras».

El organismo ha informado también que junto a más de 70 organizaciones, «Amnistía Internacional realizó una comunicación urgente por graves afectaciones al derecho a la protesta social en la Argentina a la Relatoría sobre el derecho a la libertad de expresión, a la Relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas y a la Relatoría sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente saludable y sostenible, y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas».

La Convención Constituyente de Jujuy ha aprobado la reforma parcial de la Constitución provincial incluyendo restricciones y prohibiciones para la protesta ciudadana y, por otro lado, medidas que despojan a las comunidades originarias de sus tierras históricas. Las últimas jornadas de protestas se han saldado con multitud de detenidos y vario de her