Las organizaciones sociales de la región de Puno, en el sur de Perú, han anunciado este lunes nuevas protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte con el fin de aumentar la presión contra la presidenta del país.

El líder del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú (Sutep), César Tito Rojas, ha explicado que los dirigentes sociales han acordado detener la medida actual, que limita las protestas a los martes, para llevar a cabo una estrategia que haga notar la contundencia de las manifestaciones, informa ‘La República’.

«Seguramente ya los dirigentes populares, sociales, sindicales van a comenzar a encaminar reuniones, asambleas, para que (el acuerdo de protestas) pueda tener la contundencia a nivel de la región de Puno», ha declarado.

Así, los dirigentes de estas organizaciones han acordado protestas que involucran a toda la región de Puno y organizar una nueva marcha con dirección a la capital peruana, Lima, donde se manifestaron hace unos meses miles de personas, procedentes de regiones de todo el país, para pedir la renuncia de Boluarte.

Entonces, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en diversos puntos de la ciudad, así como la quema de mobiliario urbano, el cierre de parte del transporte público, y el lanzamiento por parte de la Policía de gases lacrimógenos en un esfuerzo por apaciguar los disturbios.

Este anuncio se produce días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyera en su último informe sobre la crisis política en Perú que se cometieron «graves violaciones» de los Derechos Humanos durante las protestas contra Boluarte, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.

La CIDH ha señalado que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme y que se registraron varios episodios en los que se ejerció un uso excesivo de la fuerzas. Así, en Lima, Ica, Arequipa y Cuzco, «la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza».

Con motivo de la destitución y detención del expresidente Castillo el pasado 7 de diciembre, miles de personas salieron a las calles a protestar contra las nuevas autoridades encabezadas por Dina Boluarte. La represión de las movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, casi mil heridos y decenas de detenidos.