Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni
La Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha detenido este miércoles a al menos dos personas durante la masiva movilización contra el decreto de emergencia lanzado por el Gobierno de Javier Milei, convocada por el principal sindicato de país, la Confederación General del Trabajo (CGT).
La multitudinaria convocatoria ha comenzado frente a la sede del Palacio de Justicia, donde se han registrado los primeros enfrentamientos entre manifestantes y agentes. A pesar del protocolo del Gobierno para evitar los piquetes, se han producido cortes en algunas calles, informa el diario ‘Clarín’.
Se trata de la primera convocatoria de la CGT desde que Milei llegó a Casa Rosada hace ahora dos semanas. El sindicato ha emitido un comunicado en el que ha definido el primer plan de choque del Gobierno como un “atropello irracional” con numerosas “medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas” contra la mayoría.
Colectivos y sindicatos han denunciado que el plan contra los piquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no ha permitido llegar a un gran número de autobuses que se desplazaban hasta las protestas.
“El tránsito está interrumpido porque la Policía puso vallas”, ha contado en la emisora AM 750 la titular de la Coordinadora contra la Represión y la Violencia Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, quien ha denunciado que los agentes, como ya hicieran en marchas anteriores, han subido a los autobuses para impedir que algunas de las personas que viajaban en ellos acudieran a las marchas.
En paralelo, Milei ha enviado al Congreso el proyecto legislativo que ha motivado estas protestas, con el que busca modificar o anular más de 300 leyes. El texto cuenta con 664 artículos, entre los que destacan el de la eliminación de las elecciones primarias, la declaración del estado de emergencia pública y económica hasta el 31 de diciembre de 2025, o la privatización de empresas públicas.
Incluye también el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, modificaciones en la Oficina Anticorrupción y en la composición de la Cámara de Diputados, así como otros cambios en las leyes de financiación de los partidos.
