El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este viernes la entrada en vigor de una enmienda del Código de Justicia Militar que dejará en manos de fiscales militares «independientes y especializados», en lugar de los comandantes, la toma de «decisiones clave» en casos de abuso sexual, violencia doméstica y otros delitos graves que involucren a miembros del servicio activo.

La enmienda, en palabras de Biden, representa «la transformación más importante» del sistema de justicia militar estadounidense desde su comienzo en 1950 y representa un «punto de inflexión» para supervivientes del trauma del abuso sexual al desvincular sus casos de las decisiones de la cadena de mando, un obstáculo en innumerables ocasiones a la hora de denunciar su situación.

Desde la primera declaración de la enmienda en 2021, el Departamento de Defensa ha tenido un plazo de dos años para constituir las llamadas Oficinas de la Abogacía de Juicios Especiales, compuestas por estos fiscales que decidirán, en lugar de los comandantes, si acaban iniciando un proceso judicial para esta clase de delitos, tanto en el ámbito estrictamente militar como en la vida civil de los integrantes del servicio.

La labor de estos fiscales contribuirá, según la Casa Blanca, a «reducir también las disparidades en las sentencias de casos de violación y abuso sexual». Fuentes de la Casa Blanca estiman al ‘New York Times’ que estas oficinas podrían empezar a operar incluso a finales de este mismo año.

La comandancia militar se pasó años declarando su oposición a intentos parecidos de reforma hasta que el Pentágono aceptó finalmente en 2021 la puesta en marcha del proceso de enmienda, gracias muy en parte al impulso de la senadora demócrata por Nueva York Kristen Gillibrand, que entra finalmente en vigor a partir de este viernes, en forma de una orden ejecutiva presidencial, tras su declaración inicial en las Navidades de ese año.

Una encuesta publicada el año pasado por el Departamento de Defensa detalló que la cantidad de agresiones sexuales contra miembros del servicio denunciadas en 2021 se disparó a un nuevo máximo de 7.249, lo que representa un aumento del 13 por ciento con respecto al año anterior.

La encuesta también mostró que a pesar de los esfuerzos para abordar el problema de la agresión sexual en el Ejército las mujeres del servicio militar han perdido «significativamente» la confianza en el Ejército para dar seguimiento a sus casos o tratarlos con respeto que merecen.

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