Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha pedido este lunes al Gobierno de México que esclarezca el paradero de dos defensores de Derechos Humanos que desaparecieron a mediados de enero, instando a las autoridades a investigar la desaparición.

«El Gobierno de México debe investigar la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, cuya suerte y paradero aún se desconocen. Debe llevar a los responsables del crimen ante la justicia, ofrecer reparación a las víctimas y sus familias y garantizar su seguridad», han declarado los expertos de la ONU.

En este sentido, han subrayado la obligación de procesar y castigar a los responsables de los crímenes. «Las desapariciones forzadas tienen un efecto amedrentador sobre los defensores de Derechos Humanos y silencian las voces críticas. Esto incluye reforzar el mecanismo de protección de los defensores de DDHH», han afirmado.

Así, los expertos han remarcado que el gobierno debe garantizar que las empresas respetan los Derechos Humanos en todas sus actividades, así como proporcionar «toda la información de que dispongan en relación con la desaparición de Lagunes y Díaz».

«La colaboración de las empresas con las personas defensoras de Derechos Humanos y las comunidades afectadas, en particular las que tienen necesidades especiales de protección como los pueblos indígenas es crítica para ayudar a identificar los efectos negativos sobre los Derechos Humanos y abordarlos eficazmente», han indicado, según reza un comunicado.

Lagunes, abogado de Derechos Humanos, y Díaz, líder indígena, llevan desaparecidos desde el 15 de enero, cuando se encontraban en el estado de Colima al asistir a una reunión comunitaria donde se debatieron acciones colectivas contra los impactos de una empresa minera con sede en Luxemburgo, Ternium.

Díaz es miembro de la comunidad que se ha visto perjudicada por la actividad de la empresa minera. Por su parte, Lagunes ha prestado asistencia jurídica a la mencionada comunidad.

Autoridades comunales de más de 50 pueblos originarios han bloqueado este lunes cinco carreteras regionales para demandar justicia por los defensores de los bosques y activistas sociales desaparecidos o asesinados, informa ‘La Jornada’.

El dirigente estatal del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Guzmán, ha señalado que en las últimas décadas varias decenas de líderes y comuneros han desaparecido o aparecidos muertos por defender su territorio y sus recursos naturales.

«El Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar el derecho a la vida de los habitantes de los pueblos originarios, toda vez que los defensores de los bosques, de los Derechos Humanos y de las comunidades continúan siendo desaparecidos y asesinados», ha manifestado Guzmán en declaraciones realizadas durante el Día Internacional de la Lengua Materna.