El régimen cubano ha abierto la puerta a juzgar ‘in absentia’ a quienes puedan estar coordinando o alentando desde el extranjero supuestas acciones subversivas en Cuba, en el anticipo de una posible reforma legal que ya ha generado críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y grupos disidentes.

El jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía de Cuba, José Luis Reyes Blanco, ha planteado esta posibilidad en una entrevista en televisión en la que ha planteado la necesidad de perseguir también a quienes «financien» o «participen» de alguna forma en acciones en Cuba.

En este sentido, y argumentando que «la afectación la provocan aquí en Cuba», ha señalado que «todas las personas que puedan tener un nivel de participación pueden ser procesadas en ausencia», algo a lo que, según ha explicado, ya se podría recurrir en virtud de la Ley de Procedimiento Penal en vigor.

El mensaje ha coincidido también con la decisión del Tribunal Supremo Popular de entregar cuatro proyectos de ley a la Asamblea Nacional para que sean aprobados en al próxima sesión, entre ellos una reforma de la ley a la que ha hecho alusión Reyes Blanco y que esté planteó «adecuar en los próximos meses», según el portal opositor Cibercuba.

Por otra parte, el fiscal también ha aludido a la opción de recurrir a la «cooperación jurídica internacional» para perseguir los actos potencialmente delictivos cometidos desde el extranjero, sin entrar en más detalles al respecto y asumiendo que, en este ámbito, entrarían en juego otras cuestiones como las leyes del país interpelado.

El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, ha cuestionado en Twitter estos movimientos: «No contentos con perseguir sistemáticamente a cualquier que critique al régimen en Cuba, los fiscales cubanos ahora amenazan con procesar ‘en ausencia’ a quienes convoquen protestas desde el exterior».

En la misma línea se ha expresado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), cuyo director, Alejandro González Raga, ha condenado «con rotundidad» los intentos del Gobierno de Miguel Díaz-Canel de «silenciar a los exiliados que protestan, organizan o promueven actos pacíficos en favor de una Cuba libre, democrática y respetuosa con los Derechos Humanos».

«Se trata de una amenaza clara contra todos los cubanos, con independencia del país en el que se encuentren viviendo», ha dicho en un comunicado González Raga, que precisamente reside en España. El régimen, ha añadido, «intenta engañar a los cubanos para que, incluso en el exterior, se sometan a la voluntad de la élite gobernante».