El pleno del Congreso peruano ha aprobado el sábado, con 111 votos a favor y ninguno en contra, que los 130 diputados se sometan a una prueba de anticuerpos para descartar que alguno de ellos se haya inoculado con el lote de dosis proporcionadas por el laboratorio Sinopharm para efectos de ensayos clínicos después de que saliera a la luz que cientos de altos cargos se habrían vacunado de forma subrepticia en el país.

Hay que recordar que la Fiscalía de Perú había llevado a cabo este viernes un registro en las sedes del Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Salud, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas y las universidades de San Marcos y Cayetano Heredia en el marco de una operación que se enmarca en la investigación sobre el conocido como ‘Vacunagate’ el escándalo político que golpea al país.

«En aras de la transparencia y objetividad pública», señalaba la propuesta de la Moción 13857, presentada el 18 de febrero por los congresistas Manuel Merino, Ricardo Burga y Otto Guibovich, del Grupo Parlamentario Acción Popular.

Durante la sustentación, el congresista Merino De Lama dijo que «este Congreso ha demostrado la defensa irrestricta de todos los peruanos» y por ello se hace necesario «allanar el camino para deslindar cualquier situación» y defender el prestigio del primer poder del Estado, de acuerdo con la declaración recogida por Radio Programas del Perú.

Asimismo, el mismo congresista ha exigido que los ministros de Estado de la gestión del expresidente Martín Vizcarra y del actual Gobierno, así como los gobernadores regionales, se sometan a la misma prueba.

En este sentido, el Pleno del Congreso había aprobado la creación de una comisión multipartidaria que investigará el presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas contra la COVID-19, respecto al expresidente Vizcarra, su familia, exministros y altos funcionarios públicos desde agosto 2020 hasta la actualidad.

El ‘Vacunagate’ estalló la semana pasada con la revelación de que el expresidente Vizcarra había recibido en secreto la vacuna de Sinopharm, lo que provocó las dimisiones en cadena de las ministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, así como la de varios viceministros que admitieron haber sido vacunados de forma «extraoficial».

La aparición de una lista de 487 personas que habrían recibido dosis activas al margen de los ensayos clínicos que se realizan en las universidades Cayetano Heredia y San Marcos, ha salpicado a médicos, investigadores y funcionarios.

El jueves la Contraloría General de la República señaló que había identificado a un total de 122 funcionarios en la lista de personas que recibieron la vacuna experimental. En conferencia una rueda de prensa, el contralor Nelson Shack indicó que, de todos los funcionarios identificados, 19 habrían hecho que sus familiares recibieran la vacuna antes de tiempo.