El Gobierno de Brasil ha anunciado este martes el cese de más de medio centenar de funcionarios públicos, entre ellos una docena de militares, que se despeñaban en diferentes áreas relacionadas con la asistencia a las comunidades indígenas, días después de que se diera a conocer las dificultades por las que atraviesan.

En total 54 personas han sido destituidas, entre las cuales hay once coordinadores regionales de la Secretaría de Salud Indígena (SESAI), que dependen del Ministerio de Salud, y otros 43 jefes regionales y estatales de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), de entre los cuales hay trece militares.

Si bien desde el Ministerio de Salud han señalado que estos ceses y las próximas nominaciones son arte de los procesos naturales en un cambio de gobierno, tienen lugar pocos días después de que la nueva administración del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, denunciara el «genocidio» del que habían sido víctimas algunas de estas comunidades, poniendo como ejemplo el pueblo yanomami.

«Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño», escribió Lula en su perfil de Twitter.

Bajo el Gobierno del presidente Lula, por primera vez, la SESAI y la FUNAI pasarán a estar lideradas por miembros de estas comunidades originarias. En el caso de la segunda organización dejará de ser dependiente del Ministerio de Justicia para formar parte de la cartera de Pueblos Indígenas.

El Gobierno de Brasil también ha anunciado que ya están en manos de la Policía Federal la apertura de una investigación por los casos de omisión y mala gestión que se podrían haber cometido años atrás para contener y resolver los problemas de la comunidad yanomami, cuyo territorio alberga la mayor reserva indígena de Brasil.

El nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas ha alertado que esta región padece una crisis humanitaria y alimentaria son precedentes y ha cifrado en al menos 570 los menores de edad que han muerto por desnutrición o alimentos contaminados por el mercurio, como consecuencia de la invasión de la minería ilegal, informa G1.

La emergencia humanitaria, denuncian las nuevas autoridades, es consecuencia directa de los recortes del gobierno de Jair Bolsanaro, a quien se acusa de haber jaleado y permitido la presencia de estos extractores ilegales de oro y otras piedras preciosas.