El ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo ‘El Pollo’ Carvajal ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón una nueva tanda de documentos que reflejaría pagos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a miembros del equipo fundacional de Podemos, en el marco de su declarada intención de colaborar con la Justicia española mientras se resuelve su eventual extradición a Estados Unidos.
Según ha avanzado Okdiario y ha podido confirmar Europa Press, Carvajal envió la semana pasada una serie de documentos, entre ellos una orden del propio Chávez en 2008 para pagar 6,7 millones de dólares (unos 5,7 millones de euros) a la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, para “propiciar un cambio político aún más afín al Gobierno bolivariano”.
El documento, que fue revelado en 2016 por distintos medios de comunicación, cita expresamente a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Vestrynge como “destacados profesores” a los que define como “aliados naturales de la revolución bolivariana”.
De acuerdo con las fuentes consultadas, ‘El Pollo’ también ha entregado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 documentación relacionada con otra orden de pago, una girada por Maduro en 2013 para abonar 142.000 dólares (unos 122.000 euros) a otros tres fundadores de Podemos: Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez.
Este pago se debería a un encargo del Gobierno venezolano al grupo comandado por Bescansa para idear el “diseño político comunicacional” del ‘stand’ de la petrolera estatal PDVSA en el XXI Congreso Mundial de Petróleo celebrado en 2014 en Moscú.
Carvajal ya hizo una primera entrega a la Audiencia Nacional en la que aportó documentación sobre supuestos contratos del despacho de Baltasar Garzón, Ilocad, con PDVSA.
Las fuentes consultadas por Europa Press han indicado que el militar venezolano pretende seguir enviando a García-Castellón diversa documentación para respaldar el testimonio voluntario que prestó el pasado 20 de septiembre en el contexto de unas diligencias abiertas sobre terrorismo internacional.
‘El Pollo’ habló durante más de una hora de diversos asuntos sobre los que fue muy claro y dio bastantes datos, pese a lo cual se comprometió a dar soporte documental a su relato, un material que el instructor espera antes de tomar una decisión sobre las pesquisas.
Reclamado por tráfico de drogas y armas
El militar venezolano inició este “proceso de colaboración” con la Justicia española después de que su detención el pasado 9 de septiembre reactivara los trámites para enviarlo a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas.
Tanto la Audiencia Nacional como el Gobierno dieron luz verde en 2020 a su entrega a las autoridades estadounidenses, pero la extradición está suspendida a la espera de que se resuelva la petición de asilo realizada en 2019 por Carvajal.
El Ministerio de Interior le denegó la protección internacional, si bien la defensa de ‘El Pollo’ ha recurrido ante la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska insistiendo en que es víctima de una verdadera persecución política.
Asimismo, Carvajal está a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie el próximo 26 de octubre sobre el recurso que presentó en 2020 contra la decisión del Gobierno de extraditarlo. En septiembre, ‘El Pollo’ reactivó esta vía pidiendo al TS unas medidas cautelarísimas que también le fueron rechazadas.
En las medidas cautelares reclamadas al TS en su momento, cuando interpuso el recurso en 2020, advirtió de que, de ser puesto a disposición de Estados Unidos, sería sometido a “tortura” para “obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela”. Y ello, continuaba, porque Washington cree “erróneamente” que formó parte del “entorno cercano” de Chávez y Maduro.
El cartel de los soles
‘El Pollo’ pasó casi dos años prófugo hasta que pasadas las 21.00 horas del 9 de septiembre fue detenido por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid.
La Policía Nacional explicó que vivía “totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza”. Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.
El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado ‘Cártel de los Soles’, una organización criminal supuestamente gestionada por cargos ‘chavistas’ que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.