El presidente de Perú, Pedro Castillo, declaró ante la Fiscalía por los presuntos delitos de corrupción que se le imputan, si bien el mandatario también se acogió a su derecho de no responder a las preguntas formuladas por el Ministerio Público.

Castillo se presentó a la cita con la Fiscalía para responder por los presuntos casos de corrupción en el seno de la empresa estatal petrolera Petroperú y una serie de obras adjudicadas por el Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con las explicaciones del abogado de Castillo, Benji Espinoza, el mandatario realizó una declaración «abierta, clara y espontánea» donde ha aprovechado para «proclamar su inocencia en cada caso», si bien más tarde el jefe de Estado ha optado por «reservar» sus respuestas a las preguntas de la Fiscalía.

«Más que callar, lo que ha hecho el presidente es reservar una declaración para más adelante (…) Todo tiene su tiempo. Llegará el tiempo para que el presidente dé toda la explicación, pero ese tiempo no es hoy, no es ahora», detalló Espinoza.

Finalmente, el abogado aseguró que su defendido niega cualquier tipo de responsabilidad en los delitos de los que se le acusan. «Por supuesto que las imputaciones son graves, pero más que graves son infundadas y eso el tiempo lo determinará porque las hipótesis que tiene la Fiscalía no las va a poder confirmar».

Este mismo martes la Fiscalía peruana ha incluido al primer ministro, Aníbal Torres, y al ministro de Justicia y Derechos, Félix Chero, en la investigación que sigue los supuestos delitos de organización criminal y encubrimiento personal del presidente Castillo.

De este modo, Torres y Chero se han sumado al caso que investiga el equipo especial contra la corrupción del poder de la Fiscalía y por el que ya está siendo investigado el extitular prófugo de la cartera de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

Asimismo, se les añade a la causa abierta contra Castillo para colocar a personas de su confianza en puestos clave. Esta investigación contra el presidente dio comienzo tras la salida de Mariano González del Ministerio del Interior, quien acusó a Castillo de estar obstruyendo la justicia.