El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha rechazado una demanda para suspender la investidura de once diputados por su posible relación con los ataques golpistas del pasado 8 de enero, por lo que tomarán posesión de sus cargos tal y como estaba previsto el próximo 1 de febrero.

De Moraes ha dado como bueno el argumento de la Procuraduría que mencionaba la falta de «legitimidad» jurídica de la demanda, al mismo tiempo que ha matizado que las personas señaladas están siendo ya investigadas en procesos previos relacionados con estos hechos protagonizados por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.

«Sin duda, todos serán responsabilizados de manera civil, política y criminal por los actos contra la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones, incluido por connivencia dolosa –por acción u omisión– motivada por ideologías, dinero, debilidad, ignorancia, mala fe o mal carácter», dice De Moraes.

Los señalados son los diputados del Partido Liberal (PL) Nikolas Ferreira, Luiz Ovando, Marcos Pollon, Rodolfo Nogueira, João Henrique Catan, Carlos Jordy, Silvia Waiãpi, André Fernandes, Washington Rodrigues y Walber Virgolino, así como el del Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB) Rafael Tavares.

Según una investigación del diario ‘O Globo’, un cuarto de la bancada del PL en el Congreso animó los hechos golpistas del 8 de enero en Brasilia. Al menos 29 diputados y senadores del partido de Bolsonaro utilizaron las redes sociales para difundir información falsa sobre lo que ocurrió en la Explanada de los Ministerios.

A pesar de la derrota de Bolsonaro en las presidenciales, el PL fue uno de los grandes vencedores pues será la fuerza política con mayor número de escaños en la Cámara de Diputados –99– y en el Senado –14–, además de ser el partido con mayor número de diputados estatales en los comicios del año pasado.

Además de los liberales, una docena de otros congresistas afines al bolsonarismo emitieron juicios erróneos sobre lo ocurrido aquel día, dando especial pábulo a teorías de la conspiración sobre la presencia de «infiltrados de izquierda» en los ataques, la omisión de funciones del nuevo ministro de Justicia, Flávio Dino, o la comparación de los centros de detención en campos de concentración.