Este sábado ha entrado en vigor la ley SB 1718 de inmigración, una dura reforma impulsada por el gobernador Ron DeSantis que persigue a los inmigrantes indocumentados y obliga a denunciar a los empresarios. La norma ha sido muy criticada por las organizaciones de derechos civiles.

En concreto, la ley y obliga a los empresarios con más de 25 empleados a comprobar su estatus migratorio mediante una base de datos federal conocida como E-Verify.

Los empresarios que no cumplan la ley se enfrentan a multas de 1.000 dólares (unos 924 euros) al día hasta que demuestren que sus trabajadores tienen los documentos requeridos. Amenaza además con retirar de por vida las licencias de funcionamiento a las empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.

El texto también contempla hasta 15 años de prisión para los individuos que con pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a Estados Unidos, sin importar si fue por turismo, reuniones de negocios, amigos y hasta familiares.

Se estipulan además cinco años de prisión y multas de 5.000 dólares si la persona indocumentada es mayor de edad y 15 años de cárcel y multas de 10.000 dólares si es menor de edad.

«Si te traes a tu tía a Disney World, a Miami, o a Universal Studios te pueden acusar de un delito por traer a una persona indocumentada a Florida», ha destacado el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), Domingo García.

«Florida es un lugar peligroso y hostil para los estadounidenses que cumplen la ley y para los inmigrantes», ha denunciado García, cuya organización no recomienda viajar a Florida.

La norma prevé además un presupuesto de doce millones de dólares para el traslado de inmigrantes indocumentados a otros lugares de Estados Unidos y exige a las fuerzas de seguridad la obtención de muestras de ADN de los indocumentados que están detenidos con una orden federal.

La ley prohíbe a las ciudades y condados del estado de Florida la emisión de identificaciones comunitarias y anula los carnés de conducir emitidos por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin estatus legal.

Uno de los puntos que más temor ha causado entre los inmigrantes indocumentados es que la ley exige a los hospitales que aceptan Medicaid y a las salas de emergencia pedir a los pacientes su estatus migratorio e informar sobre el costo de la atención de estos pacientes.

Igualmente prohíbe a los ciudadanos chinos comprar terrenos en ninguna parte del estado porque DeSantis «no quiere» al Partido Comunista Chino (PCCh) en Florida. También prohíbe a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Rusia, Siria, Corea del Norte e Irán comprar tierras destinadas a la agricultura, así como aquellas que estén cerca de infraestructuras críticas, como aeropuertos, instalaciones militares y centrales eléctricas.

Nueva Ley de Armas

Este sábado ha entrado también en vigor la ley HB 543, conocida como ley sobre porte de armas ocultas sin permiso o entrenamiento previo, por la que los residentes en Florida podrán portar armas ocultas en espacios públicos sin licencia alguna.

Sus defensores la llaman ley «de seguridad pública», mientras los demócratas y las organizaciones que están a favor del control de armas han alertado del riesgo que supone. Hasta ahora se necesitaba un permiso para portar armas en público.

Por otra parte, también ha entrado en vigor la ley HB 1191, que permite utilizar fosfoyeso, un material radiactivo, en la construcción de carreteras. Este material, compuesto por uranio y radio, está vinculado con la aparición de enfermedades como el cáncer y podría contaminar los acuíferos, por lo que varias organizaciones ecologistas han manifestado su rechazo.

El fosfoyeso es un residuo de la industria de los fertilizantes, por lo que su uso es rechazado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). «Cualquier petición para el uso de fosfoyeso en las carreteras deberá ser remitido a la EPA porque es obligatorio su visto bueno antes de que este material pueda ser utilizado», ha apuntado la EPA, según recoge la radio pública estadounidense NPR.

«Al firmar este uso de residuos de la industria de los fertilizantes el gobernador DeSantis está abriendo el camino a un temerario legado tóxico para las próximas generaciones de floridanos», ha resaltado la directora para Florida y el Caribe del Centro para la Diversidad Biológica, Elise Bennett.

Los fosfatos son procesados con ácido sulfúrico en un proceso que data de la década de 1840 y que genera más de cinco toneladas de fofoyeso por cada tonelada de ácido fosfórico útil.