Aldo Rebelo, ministro de Defensa de la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, ha advertido de que sacar a los extractores ilegales de oro de la Amazonia como pretende el nuevo Gobierno no será fácil y ha apostado por la legalización de la situación de estas personas para que vaya en beneficio de los pueblos indígenas.

Rebelo también ha defendido que «criminalizar» a estas personas, a las que se ha acusado de ser en parte responsables de la crisis humanitaria y alimenticia que padece la región, es contraproducente ya que muchas de estas comunidades indígenas «reciben dinero» de este tipo de actividades.

«Entre los yanomami apoyan la minería. Esto crea conflicto entre ellos porque algunos lo apoyan y reciben dinero y otros son contrarios», ha dicho Rebelo, quien cita el caso concreto de la etnia de las Cintas Largas, que trabajan la explotación de diamantes en sus territorios situados entre Rondonia y Mato Grosso.

En ese sentido, ha apostado, al igual que hiciera la administración anterior del expresidente Jair Bolsonaro, por la regularización laboral de estas personas, pues así las comunidades indígenas recibirían el pago por los derechos de explotación de sus tierras y con ellos se podría afrontar la mejora de servicios.

«Son centenares de millares de brasileños viviendo en la ilegalidad. Ellos ya fueron empujados a la ilegalidad por la omisión del Estado», ha dicho Rebelo, quien vaticina que despojar a estas personas de esta labor puede hacerles caer en las redes del narcotráfico.

Al mismo tiempo sostiene que la legalización de esta actividad beneficiará también al medio ambiente ya que se acabaría con prácticas nocivas como el uso de mercurio que envenena los ríos, una de las cuestiones que ha denunciado las comunidades indígenas, informa ‘O Globo’.

Rebelo ha basado sus argumentos en la Constitución brasileña, cuyo Artículo 174 contempla la función del Estado para favorecer la «organización de actividades mineras en cooperativas, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente y la promoción económica y social de los extractores», recordando que ya en 2008 Luiz Inácio Lula da Silva intentó llevar a cabo algo similar con el Estatuto del Minero.

Considerado durante su etapa política como parte de la bancada ruralista de la Cámara de Diputados, en 2012 –cuando era ministro de Deportes con Rousseff– participó como relator del Código Forestal, que supuso cambios en la legislación ambiental en áreas protegidas.

Sin embargo, las asociaciones indígenas, tanto estatales como no gubernamentales, han venido apuntando a la extracción irregular de oro y otras piedras preciosas en territorio indígena como parte del problema de inseguridad y humanitario que viven estas comunidades.

Entre las nuevas medidas que plantea el nuevo Gobierno de Lula da Silva está la de dar luz verde a nuevas demarcaciones protegidas, así como la «eliminación» a través de una operación conjunta de los ministerios de Justicia, Defensa y Medio Ambiente, de las infraestructuras e instalaciones improvisadas en territorio indígena de todas estas estructuras ilegales.